Un caso que la familia macri no logra cerrar

La empresa Correo Argentino SA era del Grupo Macri hasta su estatización en 2003 y está en concurso de acreedores desde hace más de una década. El Estado le reclama miles de millones por cánones adeudados y la compañía le exige cobrar por servicios no pagados por organismos oficiales y por la expropiación.

El kirchnerismo dilató durante más de una década un solución. En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia llegaron a un acuerdo. Pero cuando la negociación llegó a la Cámara Comercial para ser homologado, la fiscal Gabriela Boquin objetó el pacto, sosteniendo que implicaba “una condonación de la deuda” de la empresa de la familia presidencial al Estado por más de $ 4.277 millones. Tras el escándalo, el Presidente ordenó que la negociación vuelva a fojas cero.

Desde entonces, el Estado y Correo deben llegar a un nuevo acuerdo en la Justicia Comercial. En el análisis del expediente, sin embargo, surgieron nuevos focos de conflicto. La fiscal Boquin, acusó al holding presidencial por el supuesto vaciamiento de las cuentas de Correo hacia otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco. De esta manera, el dinero destinado al pago de sus acreedores podría estar siendo desviado a los bolsillos del mismo grupo.

Para investigar ese supuesto vaciamiento, Boquin solicitó en abril de 2017 acceder a los libros contables de dichas compañías, pero la medida desató una pelea legal con los apoderados de Correo. Los abogados de la empresa dieron el primer paso para que el caso llegue a la Corte Suprema: quieren que el máximo tribunal decida si la fiscal tiene “legitimidad” para investigar. Ya habían presentado la misma queja ante la Cámara Comercial, que falló a favor de la fiscal en diciembre.

Boquin también preparó el terreno para ir ante la Corte si el próximo fallo de la Cámara ahora sale a favor de los apoderados de la empresa. Los asientos contables podrían abrir nuevas puertas en la investigación y más problemas para el Grupo Macri.