Imputaron por abusos y torturas al tribunal de la Megacausa iii
Lo responsabilizan por la muerte de dos acusados en medio del proceso. en la justicia, lo asocian a un revisionismo ideológico.
al tiempo que ordenó que se investigue su conducta por incompatibilidades con su rol. Tal como había trascendido, se confirmó que Console ocupa una alta posición en el Consejo de la Magistratura porteño, por lo que “su cargo es incompatible con el que ocupa en este juicio”, sostuvo el TOCF.
La decisión de no avanzar contra Müllen y Barbaccia había motivado una fuerte respuesta de Carrió, que tenía en el equipo de la Unidad a Mariana Stilman, una abogada de su máxima confianza, que renunció tras conocerse la decisión de no pedir penas para los fiscales. “La dimisión de Stilman se produjo luego de la sorpresiva intervención del ministro en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA”, expresó la Coalición Cívica en un comunicado.
En tanto que cerca del ministro insistieron a PERFIL que están absolutamente tranquilos con el trabajo que se vino realizando en el debate y que Console fue llevado a la Unidad por el propio Cimadevilla. La denuncia penal y política contra tres jueces de la llamada Megacausa III en Santiago del Estero por cómo conducieron el proceso puede ser el primer acto de un revisionismo mayor. Los condenados, acusados y sus familias entienden que hubo “ensañamiento” contra ellos. Del otro lado, jueces, fiscales y querellantes dicen que buscan enjuiciar a quienes encabezaron las causas de lesa humanidad porque el golpe de péndulo ideológico ya alcanzó a la Justicia.
El 26 de marzo próximo, los jueces federales Alicia Noli, José Pérez Villalobos y Juan María Ramos Padilla deberán presentarse a indagatoria denunciados por abuso de autoridad, prevaricato, torturas y tentativa de homicidio, aunque el fiscal Pedro Simón omitió el último cargo en su imputación. En paralelo, esta semana el Consejo de la Magistratura frenó un dictamen que desestimaba el pedido de juicio político contra estos mismos magistrados y retrotrajo el expediente a comisión.
Quienes figuran detrás de uno y otro proceso como querellantes son las familias del coronel (RE) Cayetano Fiorini y el ex juez Arturo Liendo Roca, aunque no son los únicos denunciantes. Ambos estaban acusados en la Megacausa III y murieron, en septiembre de 2016, un mes antes que Noli, Pérez Villalobo y Ramos Padilla fueran apartados por Casación bajo “sospechas de imparcialidad”. Los señalaban por someter a ambos acusados a situaciones de estrés que agravaron su salud física y psíquica y precipitaron su muerte. Como prueba, los denunciantes recopilaron los peritajes que alertaban sobre la fragilidad de Fiorini y Liendo.
Ricardo Mikulán, nieto de Fiorini, acotó a PERFIL: “Faltas tan graves como reunirse en privado solo con la querella solo pueden taparse usando el reclamo noble de memoria, verdad y justicia.” Noli fue además querellante y testigo en la causa por la desaparición de su primer marido mientras que a Ramos Padilla le endilgan su paso por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). A Noli y Villalobos los asocian también al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aunque la evi- dencia no es clara al respecto.
Todo esto, alegan, habría determinado su conducta al revocarle la prisión domiciliaria a Fiorini –sin éxito– o forzar a Liendo a asistir a la audiencia en la que se descompensó. Ambos debieron seguir luego el juicio por streaming. “No perdamos de vista por qué se los juzgaba. Para las familias también es estresante no saber qué fue de sus hijos y padres”, aseguró a este diario Antenor Ferreyra, querellante en la Megacausa III. “Si no asisten, es un juicio virtual”, añadió.
Ferreyra entiende que el nuevo paradigma que baja desde el gobierno nacional busca garantizar la impunidad bajo el argumento del “perdón”. De momento, la Fiscalía no cargó de igual modo contra los fiscales Carlos Gonella, Indiana Garzón, Federico Carniel y Abel Córdoba, a los que los denunciantes señalan como “encubridores”.