Por el costo de financiamiento, se caen participantes de las licitaciones de PPP
gentinos para interiorizarse de la iniciativa. Van por más. Perez Companc aspira también a retomar la presencia en otros negocios del área energética. Es que la energía es uno de los tres ejes en los que el grupo apoyará su crecimiento a futuro, junto con alimentos y la agroindustria. El primer paso de esa estrategia fue el relanzamiento de PeCom como una empresa de servicios petroleros a partir de la compra de los activos de la sueca Skanska, en julio de 2015. Casi tres años después, PeCom se posicionó como uno de los mayores proveedores de servicios para operadoras hidrocarburíferas como YPF y Pan American Energy (PAE).
El siguiente paso de Perez Companc –accionista mayoritario de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro, Bodegas Nieto Senetiner y Conuar, entre otros activos– es desembarcar también en el negocio de generación eléctrica. El holding tiene especial interés en las licitaciones de venta de las centrales termoeléctricas que son propiedad de Enarsa. La compañía estatal venderá las usinas térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López (Santa Fe). Son dos centrales de mediana envergadura que ofrecen posibilidades de ampliación. La licitación de las plantas se concretará en el segundo semestre de 2018. La Argentina busca capitalizar el sistema de inversión público-privada para las obras de infraestructura. A principios de abril, el PPP tendrá una prueba de fuego con la licitación de obras viales pero los privados advierten que “la convocatoria no tuvo el exito esperado”. De las diez oferentes que esperaban solo se habrían presentado cinco, según fuentes del sector de la construcción.
“El problema es que el financiamiento es mucho más caro”, sostienen, sobre la tasa que rondará el 10%, más del doble de lo que se maneja para obras de infraestructura, donde el financiamiento generalmente proviene de los bancos multilaterales como el BID, CAF o Banco Mundial.
Por eso las reuniones de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 de mañana y el martes serán el marco para analizar cuestiones de coyuntura como las medidas comerciales de Donald Trump para aluminio y acero, pero también una agenda “oficial” pone el énfasis en temas como el financiamiento de la infraestructura.
El cálculo que se hace es que hay US$ 5,5 billones (millón de millones, en español, el equivalente a los trillones de EE.UU.) en necesidades de financiamiento mundial de infraestructura para 2035, mientras que del lado de los inversores institucionales, hay una disponibilidad de fondos de US$ 80 billones. “Se busca definir un nuevo instrumento que permita canalizar las necesida- des de financiamiento”, explicó en la antesala de las reuniones el vicepresidente segundo del Banco Central y delegado ante el G20, Demian Reidel.
La licitación que se abre el 3 de abril responde a la prime- ra etapa del plan de 2.500 km de rutas nacionales por unos US$ 6 mil millones para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. En total, el proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seg uras incluye 7 mil km, con una inversión de US$ 16.700 millones. “Se van a presentar algunos pero no todos los que se esperaba. Y eso hace que el Gobierno tenga menos opciones para elegir y conseguir un buen precio”, explicó un empresario del sector.
En el caso de las concesiones viales argentinas, el repago es a través de peajes para los pri- vados. Si bien para el Estado podría no ser un gran negocio, los funcionarios remarcan que descomprime sus necesidades de financiamiento para obra pública.
En el mundo hay ejemplos de éxito y fracaso, lo que lleva a reformular reglas y recomendaciones. Por eso también el G20 busca alternativas para financiar infraestructura como las que se discutirán en Buenos Aires. “Los proyectos de infraestructura tienen cuestiones difíciles de estandarizar”, explicó Reidel, que puso como ejemplo el desarrollo de activos como los bonos soberanos de emergentes. La alternativa es contar con instrumentos de larga duración, posiblemente atados al PBI y vinculados a fondos multilaterales.
Un informe de Moody’s so- bre el programa de PPP de Argentina marca que se basa en el ejemplo de Perú o Colombia y reconoce que el programa necesitará de la participación de inversores internacionales y colocaciones financieras ya que “los inversores locales no pueden proveer el financiamiento requerido”. Apuesta. En total, el Gobierno espera financiar planes por US$ 26 mil millones en obras de infraestructura, minería, saneamiento, energía y otros sectores hasta 2022. “El nuevo marco del PPP fue recientemente desarrollado y no fue testeado. Esto presenta un riesgo adicional de crédito en comparación con los pares regionales”, admite Moody’s para explicar el financiamiento caro.
En el mundo, los PPP todavía son ensayo-error: el Global Infrastructure Hub (GIH), una iniciativa del G20 para medir los riesgos del PPP, marca que por ejemplo, esta modalidad puede necesitar “subsidios por parte de las autoridades” si la demanda baja a partir de cierta cantidad. “Algunos proyectos ahora plantean a los oferentes que indiquen sus necesidades de subsidios”, marca el GIH que marca que se requieren mecanismos para cubrirse de menor demanda pero también de “restricciones de tarifa o volatilidad cambiaria”, en el caso de los proyectos viales.
Con las esperanzas puestas en estos desarrollos, el jueves en la conferencia que compartió con la titular del FMI, Christine Lagarde, el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la inversión podría pasar a crecer el 15% este año, contra el 11% el año pasado.
En el sector de la construcción advierten que se bajaron empresas de corredores viales