Cristóbal: apelaciones y una audiencia clave por la deuda
Los días venideros seguirán siendo agitados para el empresario Cristóbal López. Su libertad y el futuro económico del Grupo Indalo aún están en manos de la Justicia, y a jueces y fiscales ya les quedó claro que este caso es incluso mucho más que una causa de alto voltaje político. “La Corte Suprema marcó la gravedad institucional del caso”, diagnosticaron en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, que deberá decidir si López vuelve a la cárcel y si confirma o no el cambio de delito que aminoró su situación. Cristóbal adeuda unos $ 17 mil millones con el fisco y está procesado por haberse quedado con miles de millones en impuestos al combustible, que luego habría utilizado para comprar medios.
El caso hizo estallar varios puntos de conflicto, en especial la tensa relación entre el Gobierno y un sector de la Justicia, que se vio nuevamente expuesta por sus decisiones ante la opinión pública y los medios. Activó denuncias y acusaciones cruzadas, y una grieta entre la Corte y algunos jueces. Ese es el contexto en el que la Sala I de la Cámara de Casación comenzará a analizar el caso. Los tres jueces que la componen, Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Carlos Mahiques, esperan las apelaciones del fiscal general Germán Moldes y de los abogados de la AFIP, que pedirán que se revea la decisión de la Cámara Federal. El fallo abrió la puerta a López para volver a reclamar que lo investigue el fuero al Penal Económico y así poder ingresar a una moratoria de la AFIP. Eso extinguiría la causa judicial. Este es el punto que más preocupa a la AFIP y quedará plasmado en su apelación.
La Sala I de Casación no es una sala homogénea en sus criterios, por lo que esperan que sea un debate reñido. Además, la permanencia de uno de sus miembros está en tela de juicio. El juez Mahiques había sido trasladado por el Consejo de la Magistratura desde otro tribunal para completar las vacantes, pero la Corte Suprema emitió una acordada reciente en la que marca la cancha e insta a frenar este tipo de nombramientos.
Mahiques es el padre de Juan Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el organismo que aprobó su traslado. La acordada de la Corte podía ser aprovechada por las defensas del caso López para intentar apartar a uno de los jueces que, saben, no estaría a favor del empresario. De paso, lograrían dilatar la decisión de Casación. Mahiques, aseguran en el tribunal, no tendría ninguna intención de correrse.
Mientras tanto, López tiene otro frente judicial: el futuro de sus empresas también se dirime en el fuero Comercial, donde el juez Javier Cosenti-
“la Corte marcó la gravedad institucional del caso”, dicen en Casación
no ya dispuso la intervención judicial de Oil Combustibles, con incidencia en todo el Grupo Indalo. La decisión judicial dejó sin poder al fondo OP Investments, cuya cara visible es Ignacio Rosner, y que había tomado poder de las empresas de López. El grupo anunció el viernes que abandonaba la dirección del holding.
Esta semana, los interventores mantendrán una audiencia con el magistrado en la que se planteará que es “inviable” que Indalo logre pagar la deuda acumulada “si no se admitiera una quita muy relevante y, a la vez, una espera prolongada”. La AFIP redobló la apuesta y pidió al juez que la petrolera pague la deuda con los activos de otras empresas del Grupo Indalo o “con otros bienes radicados en el exterior que no fueran aún informados”.