Tierra, techo y trabajo: las tres bases de la justicia social
Un viejo peronista me contó que en 1991, Carlos Menem realizó un acto público en Plaza de Mayo donde protagonizó una farsa salomónica: otorgó el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural y firmó el decreto que posibilitaba la entrega de títulos de propiedad a los vecinos de las villas 15, 20, 31 y 21-24, entre otras. En la jornada entregó un título al representante de la entidad agraria y otro al representante de los vecinos. El primero era verdadero. El segundo, “ceremonial”. Ese día, aquel viejo peronista se dio cuenta de que algo iba mal. El equilibrio de clases estaba un poco desequilibrado.
Veinticinco años después, a pesar de que Cristina Fernández anuló aquella privatización escandalosa, los prósperos estancieros siguen disfrutando de su lujosa sede comprada a precio vil. Ellos tienen poder para sostener sus privilegios. Los vecinos de las villas, en cambio, nunca recibieron sus títulos, ni cloacas, ni alumbrado, ni conexiones adecuadas a los servicios públicos domiciliarios. Ellos no tienen poder para exigir sus derechos. Como decía Tucídides en el Diálogo de los melios: “Los poderosos hacen lo que les place, los débiles sufren lo que tienen que sufrir”.
Hasta hoy, no existe una política nacional de poblamiento y planificación urbana a escala nacional. Solo reacciones espasmódicas. Ni la sensibilidad humanista ni la indignación reaccionaria lograron evitar que casi un millón de familias se vieran obligadas a asentare en barrios sin la infraestructura básica para una vida plena. Es una inmoralidad que en un país como el nuestro miles de familias cada año tengan que ocupar informalmente un pedacito de tierra en un baldío para vivir. Así opera el laisse faire de la exclusión. Arreglatelas.
Movimientos populares acordaron con el oficialismo una ley que impulsa expropiaciones de los terrenos donde se ubican varias villas y garantizar así el acceso a la vivienda digna.