Río Turbio.
Dos pueblos en vilo por las disputas políticas y judiciales detrás de la minera.
Una cinta transportadora nueva, que mide dos kilómetros y sirve para ingresar piedra caliza y sacar carbón, se oxida en el puerto que debería usar la mina de Río Turbio. Varias tuneleras británicas del tamaño de un elefante cada una dejaron de perforar el cerro en 2016: quedaron inmóviles en el socavón y sufren la corrosión de la humedad y el azufre. Y la usina termoeléctrica, que la española Isolux Corsán había construido al 85%, está sin terminar. Aunque desde la Secretaría de Minería aseguraron que el ob- jetivo es “sacar carbón”, la mina está parada y desplegaron un proceso de reducción de personal que desató un conflicto gremial. Mientras la Justicia investiga una supuesta maniobra para desviar fondos durante el gobierno kirchnerista y el caso es central en el futuro judicial del ex ministro Julio De Vido, lo que quedó de aquel proyecto está frenado.
“La usina está construida parcialmente, pero costó tres veces y medio más de lo previsto. Eso lo deberá investigar la Justicia. Ahora ya la tenemos y es de primera, pero hay que bajar el costo operativo antes de terminarla”, dijo a PERFIL el gerente de Recursos Humanos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Francisco Roldán, quien monitoreó la presentación del procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, que se realizó esta semana. El objetivo es que la plantilla de personal quede por debajo de los 2 mil empleados.
Ese plan encendió las luces de alarma en Río Turbio, que es el pueblo que rodea a la mina. También en 28 de Noviembre, otra población cercana, que creció gracias al socavón. Entre los dos no llegan a los 40 mil habitantes, y sus vidas están atadas a la extracción de carbón y –si finalmente se termina la usina– a la producción de energía eléctrica, que podría abastecer a cuatro provincias. Los cálculos más conservadores estiman que los 450 millones de toneladas asegurados de carbón generarían energía por 200 años.
Uno de los recuerdos que sobrevuelan Río Turbio lleva a todos a 1992. Fue el año que la ola de despidos provocó una migración de mineros. Juntaron sus cosas y se fueron. Los que tenían casa propia ni siquiera la vendieron, ¿quién compraría una propiedad en un pueblo que empezaba a morir? Y muchos de los chicos que quedaron ahora son mineros.
Desde principio de 2016, la intervención a cargo de Omar Zeidán frenó la producción y avanzó en un proceso de reducción de personal. Logró 350 jubilaciones y 400 retiros voluntarios, que los sindicatos definen como “despidos encubiertos” porque “los trabajadores primero fueron despedidos y luego, bajo esa presión, aceptaron el retiro voluntario”, explicó el abogado de ATE, Alexis Barraza.
“El preventivo de crisis prevé dos herramientas: la reducción de la nómina de personal o la reducción de los salarios. Nosotros vamos a proponer solo la baja de salarios para el 30% de la gente”, precisó Roldán. La realidad es que la reducción de personal ya se hizo: la nómina pasó de 2.900 a 1.980 en dos años. Eso incluye los 500 despidos de febrero pasado, que desataron el conflicto gremial. En estos meses, la mayoría aceptó el despido pero un grupo de casi 200 operarios quiere volver a la mina.