Detectan irregularidades en registros de indalo
La Justicia ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que analice los libros de las empresas del grupo Indalo. Fue luego de que descubrieran anotaciones en lápiz, falta de sellos y otras irregularidades en esos registros societarios de las compañías de Cristóbal López, según revelaron a PERFIL fuentes judiciales.
El dato no es menor: allí debió haber quedado asentado si existió una venta de acciones por parte de López y su socio Fabián De Sousa a los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, cuando los dueños del grupo Indalo estaban inhibidos para realizar la operación. Fueron precisamente esas maniobras las que llevaron a la cárcel a López y De Sousa.
Lo insólito es que los libros no estaban en poder del juez de la quiebra, Javier Cosentino, sino que fueron entregados en Comodoro Py por los defensores de López y De Sousa. Los letrados pretendían recuperarlos, un pedido que fue rechazado en las últimas horas por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa. La novedad sobre los libros de Indalo hizo recordar en tribunales el caso Hotesur –propiedad de la familia Kirchner–, en cuyos libros contables aparecían borraduras con liquid paper, enmiendas y sospechosas anotaciones durante varios años con una misma birome.
López y De Sousa quedaron detenidos en diciembre por orden del juez Julián Ercolini, quien los procesó, junto al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, por defraudación al Estado a raíz de no devolver a la AFIP unos $ 8 mil millones que habían retenido del impuesto al combustible cada vez que un automovilista cargaba nafta en las estaciones de Oil. En una polémica decisión, la Cámara Federal los liberó en marzo, pero su superior, Casación, ordenó detenerlos de nuevo a fin de abril.
Ahora, Cristóbal intenta que la Corte Suprema acepte un recurso extraordinario convencido de las razones políticas detrás de su detención, mientras mira desde prisión cómo tasarán sus medios de comunicación para cobrar las deudas de la quebrada petrolera.
En ese contexto, la defensa de López y De Sousa había abierto la esperanza de excarcelarlos por una vía paralela. Tal como publicó PERFIL hace dos semanas, la llave estaba en la causa que investiga si existió efectivamente la venta de acciones que les atribuyó Ercolini. Los inter ventores judiciales de Oil sostuvieron que “desde el punto de vista societario estrictamente no se habrían transferido acciones”. La defensa reclamó entonces sobreseimientos.
Pero Martínez De Giorgi pidió antes los libros societarios y apareció un problema: “Distintos folios con grafías insertas en lápiz y/o firmas de sindicatura carentes de sellos aclaratorios entre otras (cuestiones) que revelan un modo irregular” en que se llevaron los libros de Promet, Oil Construcciones, Los Nostros, Tecnological, South Mineral, Indalo Inversiones de Argentina, Brook, CPC, Petrolera Cerro Negro, IGD, Oil M&S, Inverco del Cono Sur, Insurance Global Investments, M&S Consulting y Magenta, dice el escrito al que accedió este diario. El fiscal Ramiro González solicitó que “un profesional idóneo” de la lGJ estudie con lupa los libros, un análisis “de vital interés y utilidad a esta investigación”.
lo insólito es que los libros contables no estaban en poder del juez de la quiebra