Liquidan la mutual del SoMU y en el gremio temen un desguace
Para sorpresa de algunos trabajadores marítimos, la mutual del SOMU entró en proceso de liquidación. Y su edificio de casi noventa años, ubicado en La Boca, podría ir a remate. Es otra consecuencia de la tumultuosa intervención del gremio que conducía Omar “el Caballo” Suárez, dirigente preso desde 2016. Si bien el proceso de normalización del gremio terminó hace cinco meses (a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral), la obra social, la fundación, la mutual y dos empresas del SOMU corrieron distinta suerte.
La mutual del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, en particular, parece haber entrado en una suerte de limbo político y judicial, lo que derivó en su inminente liquidación, el equivalente a la quiebra de una empresa. El control del juez Canicoba Corral sobre la mutual terminó a fines del año pasado. Desde ese momento, pasó a ser administrada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Ese organismo depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El Inaes ya designó un liquidador, que incluso puso un cartel anunciando el proceso en la puerta de la mutual. Se trata de un edificio venido a menos, ubicado en Necochea 1133. Paradójicamente, ahí había nacido el SOMU, antes de que se convirtiera en sede de la mutual.
Desde el Inaes, conducido por el radical Marcelo Collomb, explicaron los motivos de la liquidación: “No se presentó ningún asociado y la entidad no mandaba documentación asamblearia correspondiente”. Y revelaron que muchos afiliados de la mutual eran maríti-
El secretario general rechaza la decisión del Inaes, pero hay afiliados que descreen. mos que ignoraban su vínculo con la mutual. Presumiblemente, esos trabajadores habían sido incluidos en esa lista por el Caballo Suárez,
Las nuevas autoridades (moyanistas) del SOMU, sin embargo, dijeron desconocer que haya finalizado la intervención. El actual secretario general del SOMU, Raúl Durdos, fue elegido por los afiliados tras los dos años de normalización. “No nos avisaron nada sobre el fin de la intervención”, expresó a PERFIL antes de cortar abruptamente la comunicación.
No del todo alineados con Durdos, algunos militantes y agrupaciones marítimas desconfían tanto del juez como del Inaes y del dirigente moyanista. Afirman que detrás de la liquidación existe un negocio y un intento de desguazar un patrimonio del sindicato.
Hace un mes, Durdos había presentado una denuncia contra los interventores en el juzgado de Canicoba Corral: señaló la falta de presentación del balance de 2016 y 2017 y una serie de gastos sin justificación, por más de 2 millones de pesos. En aquella presentación apuntó a las gestiones de la actual senadora Gladys González y a los representantes designados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
En paralelo, el juez Canicoba Corral avaló la polémica designación de su cuñado, Ramiro Tejada, a cargo de la obra social del personal marítimo. Durdos reclama que finalice de una vez esa intervención judicial (todavía en marcha). El secretario general del gremio a la vez desconoce la situación de la mutual, que está a punto de ser liquidada.