Reforma al Código Procesal Penal

Apenas asumió, Mauricio Macri se enfrentó a un dilema: si aplicar a no la reforma del Código Procesal Penal aprobada en 2014. Esa ley le daba más poder a los fiscales en el manejo de las causas y las investigaciones, en detrimento del que tenían los jueces. Si bien el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, coincidían con el espíritu de esa modificación, existía un dato que los desalentaba: la permanencia de Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales. Una opción era prescindir parcialmente de los jueces federales, a costa de empoderar aún más a la procuradora. El Gobierno eligió la otra alternativa: frizar la reforma del Código Procesal vía decreto y negociar la paz con los jueces de Comodoro Py. Ahora, con Gils Carbó ya renunciada (y reemplazada por Eduardo Casal, una figura mucho más amistosa hacia la Casa Rosada), cambió el panorama. El 6 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la actualización del Código que rige a nivel federal. El proyecto oficialista consiguió el apoyo del massismo y el interbloque Argentina Federal. El lunes pasado la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. En adelante, el sistema pasará de ser inquisitorio a uno acusatorio: o sea, los fiscales asumirán un rol preponderante al conducir las causas. La reforma a su vez promete modernizar herramientas para la investigación de delitos complejos, como narcotráfico, corrupción, trata y crimen organizado. ¿El cambio generará el malestar entre los jueces federales de Py? No todavía: el nuevo método se aplicará en etapas y muy progresivamente. La primera se concretará en Salta y Jujuy.