Defensor de policías procesados y uno de los ideólogos de la mano dura
El autor del reglamento sobre el uso de armas de fuego nunca disparó. Ni siquiera tuvo un arma en las manos. El director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad es abogado penalista. Y durante 35 años se movió como un bicho autónomo en el mundo de los tribunales (representó a Norberto Oyarbide, a María Kodama y a las v íc timas de Croma ñón), hasta que hace tres años conoció la relación de dependencia. Lo hizo de la mano de su jefa actual: la ministra Patricia Bullrich.
Se trata de Fernando Soto, un funcionario de perfil bajo, pero cada vez más influyente en el área que promete ser protagonista en la campaña electoral. “Los chorros no tienen que cumplir con ninguna norma de la ONU ni con ningún tratado de Derechos Humanos. Pero, para algunos, esos derechos son solamente para ellos, y no para las v íctimas”, se quejó días atrás en Twitter.
Con un ritmo de tuiteo diario, Soto define su propia identidad. Una ideología hecha a base de una defensa blindada del estilo Bullrich. Con agregados: reivindicación de las fuerzas de seguridad, admiración hacia el FBI y simpatía por la masonería.
“Esta es la bala abollada y con incrustaciones de sílice que Chocobar disparó contra el piso y rebotó matando al ladrón que casi mata al turista americano. No hay dolo de homicidio, sino cumplimiento del deber”, escribió en noviembre. Se refería al policía procesado por aquella actuación en La Boca.
Si bien Bullrich y Soto ya tenían la redacción del protocolo en agenda, el caso Chocobar la aceleró. Una frase del artículo 5 parece escrita a medida: justifica el uso de armas “cuando (el delincuente) se fugue luego de haber causado, o de ha- ber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Como penalista, tuvo relación con dos casos que marcaron a fuego la gestión de Bullrich. Dos muertes: la de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel. El ministerio lo designó querellante frente a “falsas acusaciones contra esta car tera”. Tras la confirmación de que Maldonado se había ahogado en el río Chubut, Soto acusó por falso testimonio a militantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y a los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Durante la primera etapa de la investigación por el asesinato de Nahuel, en una comunidad mapuche cercana a Bariloche, defendió a un ex funcionario de Bullrich: el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Gonzalo Cané. También fue abogado del prefecto Javier Pintos, quien el miércoles pasado fue procesado por el “homicidio agravado” de Nahuel, “con exceso en la legítima defensa”.
Hiperactivo, Soto cumple otra función en paralelo: la aplicación del Codis Software, un sistema creado por el FBI para sistematizar y comparar el ADN de imputados y condenados por delitos sexuales. Así lo permite una ley de 2013, reglamentada en 2017. Con apoyo de Bullrich, Soto va por más: pretende ampliar el registro genético a todo tipo de delitos.
“Los chorros no tienen que cumplir con ningún tratado de Derechos Humanos”, escribió