No los deportaron, pero perdieron su trabajo y viven con angustia
Amenazaron con deportarlos cuando los detuvieron el 24 de octubre, en medio de la represión en las cercanías del Congreso. Y terminaron expuestos a la opinión pública por el Gobierno por su condición de extranjeros. Tres meses después, el proceso judicial está paralizado y no existe –por ahora– orden alguna de expulsión en la Dirección Nacional de Migraciones. Sin embargo, la vida de los cuatro ciudadanos de origen turco, paraguayo y venezolano no volvió a ser igual.
“Perdí trabajos y encima la gente me putea en Facebook”, contó a PERFIL Anil Barán, quien se había quedado desocupado antes de octubre y ya no pudo conseguir empleo. Sus padres quieren que vuelva a Turquía. Barán se resiste: “No quiero. Me gusta Argentina. Construí mi vida acá y decidí vivir acá. Es difícil”, aseguró.
La causa está en la Fiscalía porteña N° 15, a cargo de Federico Tropea. Tras haberlos intimado sobre los hechos y permi- tirles su descargo, no hubo más novedades. Tampoco de Migraciones los contactaron por un supuesto expediente migratorio. La abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, requirió sin éxito a Migraciones, a la AFI y a los ministerios de Seguridad y Defensa que le informen, como su representante legal, de todas los supuestos datos que decían tener de él. En estos días los intimará con miras a recurrir a un habeas data si el silencio persiste.
Aunque siguen libres y en Argentina, los efectos corrieron para los cuatro. A Barán se le frenó el proceso de nacionalización pese a que estaba casado con todos sus papeles en regla. Y también el paraguayo Luis Freytes se vio afectado por la angustia de una posible deportación con dos pequeñas hijas y una residencia permanente acorde a la ley. Trabajar como albañil por su cuenta le permitió eludir lo que vive Barán. Aunque no el miedo.
En cuanto a los dos venezolanos detenidos en esas jornadas, los hermanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, en diciembre seguían comunicándose con la Defensoría General de la Ciudad que los representa preocupados porque se aclare su situación. También de ellos circularon mentiras respecto de su filiación política y su condición migratoria, cuando ambos contaban con residencias temporarias en regla. Ante la falta de definiciones por parte de la fiscalía, sus abogados solicitaron una audiencia a la jueza de garantías María Lorena Tula del Moral para presentar pruebas que muestran su inocencia y cerrar el expediente penal que los pone en riesgo. La magistrada se la negó bajo el argumento de que no era el momento procesal.
Tras los incidentes en el Congreso por el Presupuesto, no hubo novedades de la fiscalía.