Giradores, services, operadores y estudios influyentes conviven en la jungla judicial
El caso D’Alessio volvió a dejar expuesto el trabajo de diferentes sectores para influir en las decisiones de jueces y fiscales. Diferentes roles y métodos para conseguir beneficios.
La g uerrilla de carpetazos evidenció el juego de roles que se practica desde hace años en Comodoro Py. En el único fuero que investiga las acusaciones de corrupción contra funcionarios nacionales, actuales y pasados, circulan al menos cuatro tipos de personajes: giradores de coimas, operadores políticos, agentes de inteligencia y abogados que ofrecen un plus de eficacia a sus clientes, basado en su prestigio, su cercanía con el Gobierno, con un juzgado o con los espías de la ex SIDE. Se trata de un panorama mucho más descentrado que en los tiempos kirchneristas, sin una bajada de línea monolítica y con más actores pulseando entre sí.
La denuncia por extorsión al fiscal Carlos Stornelli reveló la identidad de un girador, el papel más oscuro del reparto: Marcelo D’Alessio. Si no hubiese existido la acusación contra el fiscal del Gloria-gate (a la que en las últimas horas se le sumó una parecida), el abogado D’Alessio seguiría de ronda mediática, presentado en diarios y canales como “experto en seguridad, terrorismo y narcotráfico”. Antes de que Horacio Verbitsky publicara su nombre, D’Alessio le había exigido 300 mil dólares al empresario Pedro Etchebest. De ese monto, solo llegó a cobrar 14.700 en efectivo.
“Existieron siempre y siem- pre existirán. Son delincuentes que perciben la oportunidad de hacer un negocio y supuestamente le giran plata a los magistrados. Te piden 100 mil para conseguir un fallo y le dan 50 mil al juez. Pero eso puede ser un bluff o no”, afirma el penalista Jorge Anzorreguy.
A los 72 años, Anzorreguy conoce de memoria las oficinas, pasillos e historias de Comodoro Py. Entró a los tribunales a los 16 años. A los 27 llegó a juez, hasta que en 1976 lo corrió la dictadura por haber integrado la Asociación de Abogados Peronistas. En los 90 se convirtió en una especie de patrón informal del fuero federal porteño, al punto de colocar a Eduardo Moliné O’Connor en la Corte Suprema. Durante la hegemonía de su estudio de abogados, su hermano Hugo fue el jefe de la ex SIDE menemista.
En el ciclo kirchnerista, los bufetes preferidos del poder fueron dos: en la primera etapa, el fundado por quien era procurador general: Esteban Righi; y después el de Darío Richarte y Diego Pirota. El capital extra con el que contaba el dúo Richarte-Pirota era su vínculo con la ex SIDE: Richarte había sido el número dos de la agencia de espías.
“El representado sabe que la solución que busca la va a encontrar por vías más elevadas que la argumentación racional. Nadie quiere ir a la guerra sin armas”, relata el abogado Pablo Slonimsqui en su libro Forum shopping reloaded.
La influencia de RichartePirota entró en crisis en 2014, a raíz de la pelea entre Cristi- na Kirchner y un sistema que hoy está desorganizado y en diáspora: el que controlaba el mítico espía Jaime Stiuso. Ahí se quebró un statu quo que iba desde la ex SIDE hasta Comodoro Py, pasando por Casa Rosada. El desorden rige hasta hoy. El juez Luis Rodríguez, investigado por haber cobrado una coima de 10 millones de dólares, pertenecía a la escudería Stiuso. Tal denuncia hubiese sido inconcebible hasta 2014. Otro ex agente de inteligencia que merodea los tribunales es Fernando Pocino, quien arrancó su carrera en el nosiglismo.
En los últimos años, los estudios de mayor peso en Py fueron los del ex juez Gabriel Cavallo, Mariano Cúneo Libarona, León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, entre otros.
Ahora, hay dos penalistas que le sacan provecho a su cercanía con el macrismo: Ricardo Rosental (histórico representante del Grupo Macri) y Alejandro Pérez Chada, abogado del presidente desde la etapa de Boca. Con perfil más Pyme, Manuel Izura capitaliza su condición de asesor del Ministerio de Justicia; y Franco Bindi invoca sus relaciones subterráneas con parte de la AFI.
Así, si el lance extorsivo de D’Alessio fue una girada, solo resta saber si Stornelli participaba o no de ese pedido de coima. Dateada con escuchas telefónicas tomadas al borde de lo ilegal, Elisa Carrió planteó que los presos kirchneristas armaron una operación para embarrar la investigación de Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Esa interpretación, sin embargo, no alcanzó para explicar el trato familiar que el fiscal mantenía con D’Alessio. Pero dejó en claro un punto: bajo control de la Corte Suprema, y con la mano de la AFI macrista aún presente, la fiesta de filtraciones de escuchas continuará.
Habitué de Py desde hace 15 años, el abogado Alejandro Rúa se queja: “No tengo whatsapp de Stornelli, ni chateo con él. Tampoco me junto afuera de su despacho. Eso no es normal”.
El abogado Mariano Silvestroni, representante del ex funcionario kirchnerista Rafael Llorens, dio otra versión. Si bien repudia su estilo, lo despegó de la extorsión: “Stornelli no lo mandó a pedir dinero. D’Alessio es un vende humo. Pero lo mandó a hacer trabajo sucio. Tanto él como Bonadio usaron a este tipo de gente para armar esta causa, meter miedo y conseguir arrepentidos. En Boca ya se relacionaba con barrabravas”.
Stornelli es amigo y fue compañero de Daniel Angelici en la comisión directiva de Boca. Fiscal desde 1993, condujo la investigación por tráfico de ar- mas que terminó con el arresto de Carlos Menem. A punto de cumplir 60 años, ahora va por su bronce personal: Cristina Kirchner.
Para el fiscal Federico Delgado, “la propia lógica de trabajo de la Justicia anclada en el secretismo abre las puertas a los aventureros”. Algo paria dentro de Py, Delgado intentó probar que el Tano Angelici había ejercido tráfico de influencias. En concretísimo, que era y es un operador del Gobierno. Para lograrlo, citó a un asesor judicial del presidente: Fabián Rodríguez Simón. Pero fracasó en su cruzada: la causa quedó archivada el año pasado. Hasta hace 5 años, los señalados como mediadores y encargados de comunicar la voluntad del poder político eran dos: Alfredo “Freddy” Lijo (hermano del juez Ariel) y el Auditor General de la Nación Javier Fernández.
Ante un paisaje caótico, en el que la política se cruza con la Justicia y los negocios, Slonimsqui concluye: “Arriba de una gelatina no podés construir nada. Y con el Py que tenemos, todo va a ser opinable y de baja calidad”.