Jueza suspende recortes de Bolsonaro en educación
Desde que regresó el viernes de la Argentina, Jair Bolsonaro no deja de recibir malas noticias. La Justicia brasileña ordenó la noche del viernes suspender el recorte de recursos públicos a la universidades federales de Brasil determinada por su gobierno, que había amenazado con sancionar con esa medida a los centros de estudios que “siembren el desorden”.
La jueza federal Renata Almeida de Moura, de la séptima corte federal de Salvador, estado de Bahía, aceptó una acción interpuesta por el directorio de los estudiantes de la Universidad de Brasilia (UnB), aunque la decisión todavía puede ser apelada por el Palacio del Planalto, informó ayer la Agencia Brasil.
El Ministerio de Educación de Brasil determinó en mayo el bloqueo del 30% de los recursos públicos “no obligatorios” destinados a las universidades federales, los cuales sirven para pagar cuentas de luz, agua, servicios de limpieza y obras, entre otros.
Freno. La magistrada suspendió el recorte de los recursos hasta que sea realizado un “estudio técnico y minucioso, con la participación de los representantes de estas instituciones”, que “garantice la efectividad de las normas constitucionales”.
El objetivo, señala la sentencia, no es condenar “la irresponsabilidad de la gestión presupuestaria, una vez que es deber del administrador público cumplir las metas fiscales establecidas en la ley”, sino asegurar que la decisión gubernamental, “tengan en consideración criterios amparados en estudios que garanticen la efectividad de las normas constitucionales”.
La congelación en los presupuestos generó multitudinarias protestas estudiantiles en todo el país el pasado 15 y 30 de mayo, las cuales ganaron mayor dimensión cuando Bolsonaro tildó a los manifestantes de “idiotas inútiles” e “imbéciles” al servicio de “una minoría de aprovechados que componen el núcleo de las universidades públicas”. El ministro de Educación, Abraham Weintraub, denunció, citando supuestas cartas de algunos padres, que los profesores “están coaccionando” a sus alumnos para ir a las marchas.
Críticas. Esta semana seis ex ministros de Educación, entre ellos Fernando Haddad, crearon un frente para denunciar la política educativa llevada a cabo por el gobierno de Bolsonaro, a quien acusaron de actuar de “forma sectaria” y de encarar la educación como una “amenaza”. Los dirigentes dejaron de lado sus diferencias políticas y lanzaron en San Pablo un manifiesto para expresar su preocupación y “espanto” con la conducción de la cartera por parte de la actual administración.
Los seis acusaron a Bolsonaro de amenazar la autonomía académica de Brasil y de poner en riesgo los avances conquistados en las últimas décadas por diferentes administraciones, que “establecieron un consenso en torno a la educación como política de Estado”.