Piden que el jefe de una banda de ladrones pase 50 años preso
Chiqui Forno es un ex empleado judicial acusado por 19 robos. En ninguno de los casos hubo víctimas fatales, pero la fiscalía agravó la acusación porque entre los asaltados había ancianos, mujeres y niños.
Lo conocen con el alias de “Chiqui” y lo acusan de liderar una megabanda en Río Negro. La fiscalía pidió cincuenta años de cárcel para él por la brutalidad empleada en los ataques, aunque sin víctimas fatales. Según la acusación, Chiqui reclutó presos para conformar la organización y, en grupo, realizaron entraderas, boquetes y robos en propiedades.
José “Chiqui” Forno era empleado judicial y se desempeñaba en la Cámara Civil de Cipolletti. Allí no pasó desapercibido: lo acusaron de realizar más de cuarenta estafas entre 2003 y 2004. Luego de más de diez años, fue condenado a seis años de prisión, pero no fue a la cárcel porque increíblemente la condena no está firme. Y al parecer, siguió engrosando su prontuario. En 2015 empezó a ser investigado por otros delitos.
En Cipoletti, se habían producido una serie de golpes boqueteros en locales comerciales que parecían no tener relación entre sí, hasta que la Justicia de Río Negro notó que había algunas coincidencias: actuaban en grupo, sus caras estaban cubiertas y usaban guantes. Generalmente ingresaban por los techos y desvalijaban el lugar.
Luego de más de 15 mil escuchas, la investigación se direccionó a Chiqui Forno. La punta del ovillo para llegar a este hombre fue el cobro de un cheque que había sido extraído de uno de los locales asaltados. El cuñado del acusado fue a cobrarlo y a partir de ahí se llegó a Chiqui.
La Justicia lo sindicó como el líder de una organización en la que estaban bien marcados los roles. Para ello había reclutado a personas, con antecedentes delictivos, en libertad; y también a presos y empleadas domésticas, que eran el último escalafón de la organización. Ellos pasaban el dato de las potenciales víctimas y Chiqui realizaba un trabajo de inteligencia para valorar la información. Luego seleccionaba entre su tropa quiénes eran los indicados para acompañarlo a dar el golpe.
Pero él no ingresaba a los domicilios sino que se quedaba afuera, adentro de un auto, monitoreando todo lo que pasaba en el exterior de la casa a robar. Usaba un handy para escuchar la frecuencia policial y alertar a sus cómplices si algún móvil se acercaba a la zona del robo. Además de las entraderas y los golpes boqueteros, la banda realizó robos que la Justicia calificó como “cerrajeros”. Ingresaban a departamentos cuyos moradores estaban ausentes. Generalmente aprovechaban los fines de semana, los feriados o las vacaciones, pero no violentaban las puertas ni se registraban víctimas porque los serenos de los edificios eran cómplices y le entregaban a los miembros de esta banda una copia de las llaves de las propiedades a atacar.
De los 19 hechos que se expusieron en el juicio, a la banda la imputaron por 15. A Forno lo encontraron responsable de nueve. La fiscalía, junto con la querella, pidió cincuenta años de prisión para él. Hasta el momento, esta pena solo le fue impuesta a un abusador serial (ver aparte).
“Es una condena dura, pero creemos que se lo merece. Actuaron en banda, en la nocturnidad, con extremada violencia y se le imputan múltiples hechos. Todos son agravantes para acercar la pena al máximo posible”, explica a PERFIL el abogado querellante Iván Chelía. Para el resto de la organización se solicitaron penas que van desde los cinco a los cuarenta años de cárcel.
Brutalidad. El fiscal jefe Gustavo Herrera destacó, en los alegatos que se produjeron esta semana, la crueldad que la banda utilizaba en las entraderas. Irrumpían violentamente a los domicilios de las
víctimas y las golpeaban de forma salvaje. Además, detalló que las víctimas eran agredidas delante de sus hijos y también atacaron a golpes a personas mayores de 80 años. Brutal. “Todos ellos hoy en día sufren las consecuencias psicológicas acaecidas por los hechos que los tuvieron como damnificados”, sentenció Herrera.
Forno hacía inteligencia. Buscaba propiedades que tuviesen cajas fuertes para hacerse de todo lo que estuviese guardado allí. También sabían cómo funcionaban las alarmas de las casas y cómo de sactivarlas. En uno de los casos, la empleada doméstica fue quien pasó el dato a la banda. La mujer les abrió la puerta e ingresaron cuando el dueño de casa estaba durmiendo la siesta. Lo golpearon con brutalidad. En el lugar había tres cajas fuertes, pero los asaltantes vieron dos. Más tarde pensaban volver “pero fueron detenidos antes”, cuenta el letrado Chelía.
“En otro de los hechos, el dueño de la casa estaba en el jardín regando las plantas y no se enteró de nada. Mientras adentro de la propiedad, parte de la banda ingresó y atacó a la esposa. Le quebraron un dedo. Después llegó la hija y los ladrones todavía estaban allí. La redujeron, la agredieron. Ella todavía está con asistencia psicológica por lo traumático de lo vivido”, detalla el abogado.
El fiscal explicó en la audiencia que el grupo internamente estaba dividido en tres segmentos: el líder y los dos integrantes que lo secundaban, los brazos ejecutores que integraban la asociación y los colaboradores ocasionales que participaron en la comisión de menor cantidad de hechos, según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Además, se destacó que la banda “no robaba por necesidad económica” sino que lo hacía por “codicia” y por el “desprecio por la ley que quedó demostrado durante el juicio”. Así lo expusieron tanto la fiscal Rocío Guiñazú como el abogado Chelía. El 26 se conocerá la sentencia.
n“Las víctimas hoy en día sufren las consecuencias psicológicas por los hechos.”