No es que los militares vuelven, nunca se fueron
Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia: los ejércitos en la calle parecen un nuevo factor continental. Pero el autor remarca que el poder militar siempre estuvo presente en la región.
Las imágenes de Piñera rodeado de militares durante la brutal represión en las calles chilenas, o la “sugerencia” de renuncia a Evo Morales por parte de los militares bolivianos, son algunos de los sucesos recientes que desencadenaron una ola de alertas y pronósticos sobre el retorno de los militares a la política y la seguridad interior en América Latina. El problema de estas hipótesis es que hablan de retorno, cuando en verdad en buena parte de la región los militares nunca desaparecieron del escenario político. Si bien es cierto que en varios países si existieron esfuerzos reales y legítimos para alejar a las instituciones militares de la política y seguridad interior, el desplazamiento como tal nunca se consolidó. Para empeorar, muchos de los autopercibidos paladines de estos procesos para desmilitarizar nuestras sociedades terminaron reabriendo las puertas para que los sectores castrenses ocupen espacios que no les corresponden. En abril de este año una encuesta de Datafolha dio una estadística que no es novedosa, pero sí relevante: en Brasil la institución considerada más confiable siguen siendo las Fuerzas Armadas, pero no fue Bolsonaro quien logró su “reingreso” a la escena.
En Brasil el instrumento militar tuvo un rol central por décadas. Recién en 1999 Fernando Henrique Cardoso fundó el Ministerio de Defensa, clave para avanzar en el control civil de las Fuerzas Armadas. Luiz Inácio Lula da Silva logró en parte convertir el rol del ministro en un cargo real en vez de una suerte de enlace como en años anteriores. Pero en 2010, durante la crisis de seguridad de Río de Janeiro, fue Lula quien aprobó el despliegue de las fuerzas armadas para “pacificar” las favelas Alemão y Penha. Dilma Rousseff anunció por Twitter el despliegue de 2.500 militares para intervenir el complejo de Maré en 2014, y el año anterior había aprobado el despliegue de militares para proteger el Palacio de Planalto y otros ministerios. Por su parte, Temer decretó la intervención militar en Río de Janeiro, y hace unos días Bolsonaro envió al Congreso un proyecto de ley para impedir la apertura de juicios por “gatillo fácil” o violencia de Estado contra militares.
Operativos. En Argentina, donde el kirchnerismo tomó como bandera propia la defensa de los derechos humanos, y donde decretos como el 727/06 de
Nilda Garré contribuyeron a consolidar la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que mantenía a los militares alejados de la seguridad pública, vimos cómo se empleó el instrumento militar en la lucha contra el narcotráfico en los operativos Fortín II y Escudo Norte. Los autores intelectuales de estos operativos no perdieron la oportunidad de criticar al gobierno de Macri por dar continuidad a estas políticas que empezaron durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
Estos casos mencionados, junto a un puñado más en el
Cono Sur, son ejemplos donde los procesos para reducir el protagonismo político militar fueron más exitosos. Muy diferente es el caso de Colombia, donde no solo las Fuerzas Militares llevaban décadas involucradas directamente en la lucha contra grupos paraestatales dentro de las fronteras colombianas, sino que incluso instituciones como la Policía Nacional responden al Ministerio de Defensa y no a un Ministerio del Interior, Justicia o Seguridad. Esto significa que casi 500.000 personas están bajo la bandera y la estructura del Ministerio de Defensa; mientras que el personal activo de estas fuerzas no participa en sufragios, en la práctica son cientos de miles de familias que forman parte de este sector.
Progresistas. En México, otro país arrasado por el accionar de grupos narcotraficantes y la corrupción en las instituciones estatales, el recientemente electo presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad”, en lo que solo puede ser visto como un cambio drástico en sus posturas sobre el rol de las FF.AA. en comparación con sus afirmaciones durante la campaña presidencial. Considerando los hechos recientes en Culiacán, donde narcotraficantes tomaron una ciudad completa para forzar la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, podría ser