Cristina y su Plan Libertad
Supongamos por un momento que Cristina es una mujer razonable y sensata. Que es lo que piensan millones que la votaron, pero no la mayoría del círculo rojo.
Si de verdad lo fuera, habría que pensar que detrás de su furibundo alegato judicial de esta semana en la causa por la obra pública existe una pensada estrategia para lograr su absolución.
Explosiva sensatez. Sensatez no es sinónimo de moderación, sino de saber elegir las acciones más eficientes para lograr un objetivo. Y a veces esas acciones incluyen métodos que parecen explosivos y descontrolados, aunque en verdad solo son premeditados.
La futura vicepresidenta enfrenta una decena de procesamientos, cinco pedidos de prisión preventiva (uno confirmado por la Corte), siete expedien- tes elevados a juicio oral y embargos por $ 15 mil millones.
Hay causas politizadas en las que quedará absuelta, como la del dólar futuro o la del encubrimiento al atentado a la AMIA. Y otras en las que le costará explicar su inocencia ante una red de corrupción que benefició a sus funcionarios de confianza, solventó campañas, asoció sus hoteles con intereses del Estado o generó el enriquecimiento de su socio Lázaro Báez.
Ante ese apabullante frente judicial, ¿qué sería más sensato para lograr una mejor defensa, más allá de cualquier obligación republicana? ¿Aceptar los formalismos procesales o construir un alegato que la ubique como perseguida política? ¿Responder los miles de interrogantes judiciales o desestimar la autoridad de los jueces y sentenciarse absuelta por la historia?
Ella puede ser impulsiva e intolerante, pero a lo largo de su exitosa carrera política demostró que, además, es inteligente y calculadora.
Ser víctima. El pasado lunes y durante tres horas hizo lo mejor para ella y los suyos: unió las acusaciones de todas las causas detrás del fantasma del acoso político. Tomó datos ciertos como la persecución histórica al peronismo, la relación de los medios con el poder político de turno y la falta de independencia de la Justicia, y se asumió como víctima.
Al final, se anticipó a una eventual condena, se declaró culpable de haber hecho lo mejor para el pueblo y, tomando la voz de la historia, condenó a los jueces a rendir cuentas de sus actos y se declaró absuelta.
Lejos del desquicio que muchos ven en ella, viene preparando con extrema racionalidad la salida a sus múltiples problemas judiciales.
El paso inicial lo dio en diciembre del año pasado. Cuando en esta columna se anticipó entonces que ella evaluaba apoyar a otro candidato, en el Gobierno lo desestimaron de plano, pero ella sorprendió a todos y de paso destruyó la histórica estrategia de confrontación electoral del macrismo.
Ahora, Alberto le garantizaría, en principio, responder desde el aparato del Estado a las acusaciones en su contra: reivindicarla históricamente, otorgarle respetabilidad y enviarles a los jueces el claro mensaje de que ella no delinquió. Por ejemplo, en la causa Báez que provocó el alegato de Cristina, Fernández lo calificó de “un acto de defensa maravilloso” y acotó la figura legal a “un conflicto ético, un error de Cristina, no es delito”.
Alberto dice que no intervendrá en la Justicia pero, como acusa Cristina, los jueces no suelen necesitar ninguna intervención directa para entender y seguir las señales del poder político.
Cinco pasos. Los dos primeros pasos del plan ya fueron dados:
1) Regresar al poder a través de un presidente que la reivindique.
2) Formalizar en los estrados la figura de perseguida política.
Además, hay otros dos pasos funcionales al plan:
3) El control político del Congreso, para garantizarle fueros hasta la última instancia judicial.
4) Dominar el Consejo de la Magistratura, el organismo con poder de sanción sobre los jueces.
El siguiente paso es correr al Estado de su rol de querellante:
5) Hay quienes creen que allí tendrá relevancia el nuevo procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hoy la Procuración no podría incidir en ninguna causa vinculada con corrupción pública, ya que desde 1999 se le quitó ese rol con la creación de la Oficina Anticorrupción. Pero eso podría cambiar si la OA volviera a depender de la Procuración (un decreto presidencial sería polémico, pero suficiente).
Aunque ni siquiera haría falta eso: las nuevas autoridades de la OA podrían desistir de su rol de querellantes en las causas vigentes aduciendo que están basadas en pruebas infundadas con el único fin de perseguirla.
Es cierto que los fiscales igual podrían continuar los procesos, pero se sabe que sin el interés del querellante las causas no avanzan.
Amnistía. A la ex presidenta se la puede acusar de muchas cosas, pero no de carecer de pensamiento estratégico: sobre sus múltiples complicaciones judiciales, decidió que a grandes males, grandes soluciones. Sabiendo que el camino de responder a juez por juez y a prueba por prueba sería más tortuoso que el de intentar voltear políticamente a todas las causas.
No será sencillo, ni nada tranquilizador, esperar que, al final del camino, esta Corte u otra ampliada, revierta eventuales fallos en contra.
Tampoco el indulto hoy se ve como solución. Alberto ya lo descartó dos veces en público. En cambio, nunca se refirió a una amnistía.
La diferencia es que el indulto extingue la responsabilidad sobre la pena, pero la persona sigue siendo considerada culpable.
La amnistía (del griego, amnesia) extingue toda responsabilidad sobre el delito y la persona deja de cargar con antecedentes.
El indulto requiere que haya sentencia firme (aunque Menem lo dictó con procesados como Firmenich y Ford lo hizo con Nixon). La amnistía no.
La figura de la amnistía siempre fue usada en la Argentina para causas con trasfondos políticos. La utilizaron Frondizi, Alfonsín, Menem. La amnistía no expone el presidente, sino el Congreso y con mayoría simple. Y daría la posibilidad de licuar la figura de Cristina en una amnistía más amplia que abarque a ex funcionarios y empresarios vinculados con el Cuadernogate.
En cualquier caso, lo difícil es que la sociedad acepte un camino que se traduzca como impunidad. Si el nuevo gobierno lo intenta, además de poner en la mira a los jueces deberá hacerlo con los medios. La propia tesis del lawfare une a unos y otros (ver la contratapa de Fontevecchia).
Cristina es un tema de Estado. En todo sentido.
Que una vicepresidenta pueda ir presa genera una conmoción hacia adentro y hacia afuera del país. Adicionalmente, ella no solo es vice sino la accionista mayoritaria que más votos aportó para que el próximo gobierno exista.
Alberto Fernández deberá lidiar con la inflación, la deuda y la pobreza.
Pero lidiar con Cristina será el vector político central que guiará a su gobierno.
En cierta medida, su éxito también dependerá de cómo lo resuelva.
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