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¿Hay buenos controles? No. Existe una ley de impacto ambiental, la 24.585, que dice que la autoridad de aplicación en la materia son las provincias. Es imposible que una provincia cuyo PBI depende en un 40% o 50% de un proyecto minero pueda controlar de manera creíble que la empresa no contamine. “Hay controles de la sociedad civil”, dicen las compañías. Los presupuestos de responsabilidad social empresaria de Barrick y Shandong Gold dejan muy chico Rodeo en San Juan. Cuando era gobernadora, Lucía Corpacci inauguró dos hospitales hechos directamente con aportes de Glencore, la principal accionista de Bajo de la Alumbrera. Una agencia nacional de control ambiental asoma de mínima como necesaria.