Seis de cada diez procesados esperan condena en la cárcel
Es muy interesante y necesario objeto de análisis en profundidad, el debate que se está dando hacia adentro del Gobierno y sus seguidores (y en el resto de la sociedad), acerca de cómo definir la situación judicial de ex funcionarios de las gestiones Kirchner: si se trata de presos políticos o de políticos procesados o ya condenados por la Justicia en distintas instancias cuya continuidad en prisión resulta legítima o es un exceso de autoridad por parte de los jueces que intervienen.
El objetivo de este ombudsman es facilitar a los lectores de PERFIL una mejor comprensión del tema, porque las definiciones son controvertibles y habilitan a una mirada más abarcadora que la mera caída en la óptica binaria que nos afecta.
Aclaración necesaria: este ombudsman se define a favor de la libertad condicionada para los procesados con juicio en trámite sea cual fuere la instancia, salvo que se den con claridad las condiciones en las que la ley lo impide: peligro de fuga o ejercicio de influencias para cambiar el curso de las causas. En la Argentina, seis de cada diez presos en cárceles (o comisarías, lo que es peor) están tras las rejas, y la gran mayoría de ellos carece de recursos para contratar abogados y procurar la libertad hasta su sentencia definitiva. La mora en los trámites abarca a todos los tribunales del país y se hace más evidente –y riesgosa– a medida que se escala en las instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de la Nación.
La cuestión resulta polémica y ha develado diferencias sustanciales entre los funcionarios de la nueva administración. De un lado están los más moderados (el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá, entre otros), que reconocen que buena parte de los ex funcionarios presos son víctimas de un sistema judicial que los perjudica, se manifiestan a favor de una solución en el marco del sistema vigente y no califican como presos políticos a esas personas; del otro, los que insisten en aplicarles la denominación de presos políticos, con argumentaciones racionales o con consignas sin fundamentos teóricos, según los casos.
Sugiero a los lectores que no caigan en simplismos y entren al debate con argumentos sólidos.
Nota de Redacción. El lector Gabriel Wolf (wolfgabriel2001@ yahoo.com. ar), comenta negativamente con un mail, el empleo del recurso NdeR (Nota de Redacción) por parte de Jorge Fontevecchia, en dos tramos de su entrevista a Carlos Heller (PERFIL, domingo 26 de enero, https:// bit.ly/2UCFVDO). Dice el señor Wolf: “Uno es cuando ‘discuten’ sobre el déficit fiscal primario/ déficit financiero. El otro es cuando vuelven a ‘discutir’, pero sobre la inflación en el gobierno de Frondizi. En ambos casos, las ‘N de R’, en tanto aclaraciones, están colocadas para afirmar los dichos del Sr. Fontevecchia, dejando de esa manera expuesto a Heller como un hombre que miente con sus datos y/o dichos”. Coincidiré en parte con el lector: es conveniente aclarar qué fuentes fueron consultadas por el entrevistador, aunque es legítimo emplear el recurso porque la argumentación o los datos precisos suelen afirmarse cuando el reportaje ya fue efectuado y solo resta publicarlo. Le señalé mi postura al autor del reportaje y le pedí un comentario suyo en respuesta a Wolf. “En el futuro citaré fuentes, entonces –repondió–. En cuanto a éstas citadas en lo de Heller, son las cifras oficiales”. Discrepo, en cambio, con el lector, en cuanto a la intencionalidad que atribuye a Fontevecchia: confrontar datos o aclararlos no implica una toma de posición y mucho menos calificar como mentiroso al entrevistado.