“Le dicen reforma pero es una derogación”
Cuando el Gobierno apuntó contra el regimen jubilatorio de los diplomáticos, a fines de diciembre, en la Asociación de Profesionales del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) que los nuclea como gremio no se sorprendieron, asevera su titular, Marta Insausti de Aguirre, a PERFIL. Hace tiempo que venían trabajando sobre esa posibilidad y por ello, incluso, se apresuraron a reunirse con el Ministerio de Trabajo en enero. No obstante, recién conocieron el proyecto cuando se presentó en el Congreso.
—¿Les molestó que no les hayan consultado pese a su ofrecimiento?
—Lo que nos molestó es que el proyecto contiene cuestiones que se podían haber conversado si nos hubieran escuchado como gremio.
—¿Cuáles son las líneas rojas?
— Siempre es tuv i mo s dispuestos a conversar la modificación de a l g unos parámetros que, tal vez, estaban distorsionando el sistema. Pero que en realidad, aunque le dicen reforma, es una derogación del regimen, porque para los nuevos ingresantes a la carrera va a dejar de existir.
—Ustedes dicen que, en la práctica, se generarían dos clases de diplomáticos...
—Exactamente, y se dejaría de tener en cuenta la especificidad de la carrera, que amerita un régimen especial. Entendemos la situación del país, que todos debemos ser solidarios y hacer nuestro aporte pero este es un cuerpo profesional, de los pocos que tiene la Argentina, con requisitos de ingreso, permanencia y carrera y, a veces, con condiciones bastante extremas, destinos que no disponen de las mismas condiciones de vida que Buenos Aires para el funcionario y su familia. Y ahí radica otra cuestión: esta es una jubilación para un grupo familiar, porque la mayoría de los cónyuges, muchos de ellos profesionales, deben abandonar sus carreras y dejan de aportar.
—En el texto del proyecto se habla de “un régimen especial que ha consolidado verdaderos sectores de privilegio”, ¿se consideran de ese modo?
—Nosotros reconocemos que se pueden haber generado distorsiones que podrían corregirse a través de algunos ajustes y en eso consiste nuestra propuesta. Medidas como el aumento de la edad jubilatoria a 70 años y la suba del aporte a un porcentaje mayor al del proyecto pero de forma escalonada para un menor impacto en las escalas más bajas mejorarían la ecuación. Hablamos de un 10% extra para los embajadores; 8% para los ministros; 7%, los consejeros y en escala decreciente.
—¿Confían en lograr modificarlo?
—El lapso legislativo es muy breve y la expectativa del Gobierno es sacarlo rápidamente, y nosotros, como la esperanza es lo último que se pierde, esperamos ser escuchados y poder morigerar algunos aspectos.
—En el texto también se habla de una jubilación promedio de 396 mil pesos, ¿son reales esos números?
—No sabría decirlo. Probablemente lo sean. La mayor ía de los diplomáticos, a diferencia de otros regímenes, nos jubilamos como embajadores, con los rangos más altos. Y al 85%, si uno descuenta aportes, se le computan beneficios por algunas condiciones de la carrera, como los años de trabajo en lugares con condiciones extremas, donde hay guerras, enfermedades endémicas y demás cuestiones de salubridad.
—¿Hay malestar entre los afiliados porque el canciller Felipe Solá no los recibió antes de que se conociera el proyecto?
—No malestar pero sí se generan reclamos, “¿cómo recibió a unos gremios del ministerio y no a nosotros?”. Entendemos que el canciller forma parte de un gobierno pero queríamos que, por lo menos, conociera la opinión de los afectados, a quienes dirige en este momento. Incluso porque el mensaje de la reforma lleva su firma. Desconozco qué conocimiento tenía sobre el articulado pero, al menos, podría haber escuchado nuestra opinión.
—¿Está en la mesa la posibilidad de accionar judicialmente?
—Lo evalúan los abogados. Siempre se tuvo en la mira, desde el día uno, como análisis a futuro ante eventuales escenarios de conflictividad. Nunca se bajó como posibilidad. ■