El desafío de la interventora del Servicio Penitenciario: impedir el coronavirus en los penales.
Alberto designó a la ex jueza Garrigós de Rébori y en Gobierno reconocen que las reformas estructurales deberán esperar. Por escuchas ilegales, agentes quedaron en la mira judicial.
El primer desafío será pasar la pandemia de coronavirus con la menor cantidad de contagios posibles y evitar que los penales se conviertan en un foco masivo de infectados que, además, lleven a nuevas rebeliones. La intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) llega en medio del crecimiento de casos con Covid -19, pero también mientras las causas de espionaje en la era de Mauricio Macri sacuden al poder y dejan al descubierto el accionar de agentes de las fuerzas en seguimientos ilegales. Ante este escenario, aparece como segundo objetivo la normalización de una conducción viciada. Mientras esto sucede, las promesas de reformas profundas del sistema carcelario vuelven a ser parte de una nueva administración que ya admite que deberán quedar para más adelante.
A cargo del Servicio Penitenciario Federal estará la ex jueza y miembro de la agrupación Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori, quien asumió esta semana como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios. Su tarea en el SPF será por seis meses, fecha que el Gobierno se puso para la normalización del sistema carcelario y la incorporación de un nuevo director.
En la actualidad, en las cárceles federales hay 21 casos de presos con coronavirus sobre 12.060 internos, número que hace que desde el Ministerio de Justicia crean que por ahora es una situación “controlable”. “Pero esto es tranquilidad hoy y caos mañana”, reconoce un funcionario del área. Las condiciones de detención son una amenaza latente de posibles nuevos desbordes en medio de una pandemia.
Según un informe realizado por el propio Servicio Penitenciario al finalizar la gestión de Mauricio Macri, en 2015 el sistema carcelario federal contaba con 10.274 detenidos y 10.827 camas. En los últimos cuatro años, los presos aumentaron y las plazas no subieron al ritmo de las nuevas detenciones, ya que a fines de 2019 había 14.406 detenidos con 12.235 camas.
Desde el ministerio aseguran que las plazas que se llegaron a ampliar resultan incluso “engañosas” en muchos casos. “En donde había una cama se puso una cucheta y los gimnasios se usaron como pabellones para dormir, esto no tienen nada que ver con ampliar la capacidad de las cárceles, evitar los hacinamientos y mejorar las condiciones de detención”, detalla un funcionario. Ezeiza, Marcos Paz, la Unidad de Salta, de Santiago del Estero y el penal de Devoto son los ejemplos en los que los gimnasios pasaron a ser espacios para ocupar con nuevas camas.
Durante la actual gestión, los penales de Ezeiza y Devoto ya recuperaron los gimnasios. Ante la pandemia, estos lugares también se están adaptando como centros transitorios para el aislamiento de los detenidos en caso de un aumento de los contagios.
Las camas hoy parecen no ser un problema. “Se redujeron los detenidos no porque haya habido una suelta de presos por la pandemia, sino que se mantuvieron en el mismo nivel de siempre las liberaciones por condenas cumplidas, a lo que sí se suman algunas prisiones domiciliarias. Pero el verdadero motivo por el cual se pudieron controlar las plazas es porque no hay ingresos, ya que por la cuarentena los delitos bajaron”, explican desde el Servicio Penitenciario.
Según la información oficial, en los últimos años se registraba un promedio de ingresos de 700 personas por mes. Sin embargo, en los últimos 15 días de marzo, cuando el coronavirus se instaló en la Argentina y se dispuso el aislamiento obligatorio hubo solo 5 ingresos en las cárceles federales.
“No tenemos el problema ahora pero lo tendremos en unas semanas”, admiten en el Gobierno sobre una cifra que descartan que subirá a los valores anteriores, sobre todo, por la crisis económica y desempleo que lleva a aumentar los índices de delitos. Ante este escenario, Garrigós se reunirá en las próximas semanas con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para evaluar la manera rápida de poder ampliar las unidades.
También se sigue con aten
En las cárceles federales hay 21 casos confirmados de presos con coronavirus
ción los contagios en el personal. Son 15 mil agentes que cuidan a los presos y el servicio no tiene suficiente personal para crear un sistema de turnos y guardias. Hasta ahora fueron 70 los empleados contagiados pero utilizan un estricto protocolo de salud para que este número no avance. En la Rosada reconocen que la baja de los detenidos generó un alivio ante los pocos recursos humanos con los que cuentan.
En las próximas semanas, también se avanzará con la designación de nuevos directores de la cúpula penitenciaria que cuenta con ocho lugares. A la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, le siguió la salida de uno de sus hombres de máxima confianza y director de Inteligencia, Cristian Suriano, quien pidió el retiro.
Los funcionarios quedaron en la mira judicial pero también de la actual gestión por la causa de espionaje que llevó a que esta semana se produjeran allanamientos en el penal de Ezeiza en busca de elementos con los que se habrían espiado a dirigentes kirchneristas detenidos en esta unidad. “No sabemos hasta dónde son parte de esa asociación”, dicen desde el ministerio sobre los agentes del Servicio Penitenciario posiblemente involucrados en la causa de Lomas de Zamora que investiga el espionaje a dirigentes.
La desconfianza contra Blanco se dio desde el inicio de la gestión, sobre todo, por parte del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, de máxima confianza de Cristina Kirchner. El reproche tenía que ver por su permanencia en el cargo durante la gestión macrista (venía del kirchnerismo) bajo una conducción política a la que la actual vicepresidenta acusa de haberla perseguido judicialmente. “No tenemos dudas de que Blanco estaba al tanto de todo. Y si no tenía conocimiento de que su mano derecha trabajaba con la AFI y era un director que no manejaba nada y Juan Bautista Mahiques era el responsable, lo va a tener que decir en la Justicia”, dicen en el Gobierno.
A mitad de su segundo mandato, Cristina Kirchner buscó avanzar con la reforma integral del sistema carcelario, algo que no consiguió. Lo mismo sucedió durante la gestión de Mauricio Macri, que llegó a recibir el borrador con los cambios. Bajo la nueva conducción de la ex jueza Garrigós de Rébori, la actual gestión admite que el único objetivo es “reacomodar las unidades lo más que se pueda ante la pandemia y normalizar la conducción de un sistema corrupto”. El objetivo es que recién en una segunda etapa el Ministerio de Justicia pueda avanzar en una reforma con nuevos programas y proyectos de ley.
“Esto es tranquilidad hoy y caos mañana”, admiten desde el ministerio