Monopolio del uso de la violencia
La democracia occidental se consolidó, en gran medida, gracias al legado de dos fundamentales cientistas sociales: el británico Thomas Hobbes y el alemán Max Weber. Ambos filósofos de la teoría política compartían su preocupación por la instauración de un sistema anárquico que podría amenazar a la humanidad.
Para evitar el caos, Hobbes y Weber coincidieron en la necesidad de establecer un contrato social que le otorgue al gobierno central el control absoluto de la administración de la violencia institucional. Desde entonces, la “violencia legal y legítima” se convirtió en condición necesaria para garantizar la civilización moderna.
Hobbes publicó en 1651 Leviatán, monumental obra en la que identificó los mecanismos que obligan a los individuos a ceder su autonomía en la figura de un monstruo mitológico y de fuerza sobrehumana que pueda garantizar la paz social. “Al introducir esta restricción sobre sí mismos, se alcanza el cuidado de la propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica”, advirtió Hobbes.
Más tarde, en 1919, Weber dio a conocer La política como vocación, célebre ensayo en el que fundamentó el concepto de “monopolio del uso de la violencia”, que edificó la filosofía del derecho y la teoría política del siglo veinte. “Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado la anarquía”, concluyó Weber.
La tensa protesta que esta semana protagonizaron miles de efectivos de la Policía Bonaerense representó la disputa más seria al monopolio del uso de la violencia que se evidenció en la Argentina desde que el “partido militar” dejó de ser una amenaza para el sistema democrático.
Hay que retroceder hasta la irrupción de la sedición “carapintada” para entender la dimensión que, simbólicamente, representó la manifestación política llevada a cabo por la organización armada más grande de la Argentina, luego de las Fuerzas Armadas.
Pero mientras los cuatro levantamientos militares, producidos entre 1987 y 1990, fueron de orden judicial con el objeto de evitar responsabilidades en causas de lesa humanidad, la protesta de la Bonaerense se inició en un, aparentemente, inofensivo plano sindical para derivar, rápidamente, en una clara amenaza institucional.
Es en esa peligrosa ecuación sindical/ salarial-armada/sediciosa donde reside la velocidad con la que los policías de la provincia de Buenos Aires obtuvieron una inmediata respuesta, algo impensado en estos tiempos de pandemia para otros empleados estatales que también han visto perjudicado, su salario, en los últimos años y, su vida, en los últimos meses.
¿Cuál es la diferencia entre el reclamo de los policías bonaerenses con el pedido de recomposición salarial de los trabajadores de la salud? ¿Acaso los médicos y enfermeros de hospitales públicos bonaerense no se encuentran en la peor trinchera contra el covid?
Nadie duda de la importancia de la Bonaerense para combatir el delito, ¿pero por qué su exigencia es más atendible que la de los científicos del Conicet, que trabajan incansablemente, y en condiciones muy precarias, para encontrar un suero o desarrollar respiradores para combatir el coronavirus?
¿Y qué decir de los docentes bonaerenses que han tenido que montar desde sus propias casas verdaderas “escuelaszooms” o “escuelas-whatsapp” (léase, de acuerdo a la tecnología de sus alumnos) sin haber recibido capacitación ni insumos por parte del gobierno provincial?
Pero algunas urgencias son más urgentes, sobre todo, si los que reclaman son policías que marchan vestidos con uniformes, portando armas y dentro de patrulleros que, literalmente, sitiaron la residencia oficial en la que se encontraba el presidente Alberto Fernández.
Se trató, hay que decirlo, de una “protesta armada”, transmitida en vivo y en directo por televisión para que no quedaran dudas sobre el control de la violencia, que no era legal ni legítima.
Hobbes y Weber no lo habían imaginado.
*Doctor en Ciencias Sociales. Director de Perfil Educación.