El plan Rodrigombia
“Y de aquí no me muevo”, solía repetir en cada presentación de Les Luthiers el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, para concluir luego “y 500 leguas al norte…”. El ministro de Economía tuvo que plasmar en el Presupuesto 2021, la ley de leyes, algunas proyecciones sobre la evolución de la economía que parecían difíciles de cumplir y hoy se verifican como imposibles.
Si se cumplen los pronósticos de los principales analistas del mercado, ayer el Gobierno habrá cumplido con su proyección del 29% de inflación. Salvo que todavía restan cinco meses para terminar 2021 y si se mantiene la meta implícita del 3% mensual se le habrá agregado otro 16% para cerrar todo el año con 50% en la medición interanual. Eso, mientras no ocurran tres cosas luego de las elecciones, que de hecho no se descartan de plano: un brusco reacomodamiento en los precios relativos (tarifas, precios máximos y sugeridos), un cierre de la brecha cambiaria por aceleración devaluatoria o un salto en el dólar oficial y un blanqueo de las flexibilizaciones que socavaron las pautas presupuestarias.
Un ejemplo es lo que ocurrió con las paritarias, al principio alrededor del 30% para este año pero que pronto incluyó la letra chica que los sindicalistas, con más horas de vuelo que los gobernantes de turno, logran colar en forma de cláusulas gatillo. Desde el oficialismo se dio una señal contradictoria cuando el Congreso, la Anses y el PAMI autorizaron subas de entre el 40% y el 45%. Un baño de realismo que reconocía el fracaso del Gobierno en domar la inflación, eterna deuda pendiente de casi todas las administraciones de 1983 a la fecha. En realidad, el punto negativo no debería atribuirse al equipo económico porque en el esquema que compartieron Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández, el otrora poderoso Ministerio de Economía fue atomizado para quitarle poder. Nunca más un Sourrouille, un Cavallo o un Lavagna, por citar a los tres ministros que sí pudieron ejercerlo. Supuestamente con cosmovisiones diversas y hasta opuestas, los políticos que llegaban por las urnas no querían más restricciones “técnicas” y preferían funcionarios sumisos y moldeables. Lotear el Palacio de Hacienda fue una de las maneras. La otra fue quitarle poder de decisión en organismos que, como la Anses, manejan un presupuesto más grande que la mayoría de las provincias argentinas.
O como ocurrió hace menos de un mes con la altisonante declaración del Senado referente a la negociación de la deuda externa: entorpecía las gestiones que llevaba adelante el ministro Guzmán y de las que la propia vicepresidenta se desdijo sin más pocos días más tarde. Entre un hecho y otro lo único que pasó es que el dólar se despertó de su letargo de nueve meses y eso, en plena campaña electoral, equivale a romper la burbuja de quietud con que se pretende crear un clima de normalidad.
Justamente, la incertidumbre de lo que ocurrirá con el dólar luego de noviembre es otra de las variables en juego. Se supuso que en el “mercado único y libre de cambios” (sic) el dólar llegaría a fin de diciembre a $ 102, cosa que también se está cumpliendo a principios de esta semana. La diferencia está, claro, en la inflación que se percibía en un caso u otro. De todas maneras, la incertidumbre va más allá de una numerología verde: este valor se sustenta en un supercepo y ahora con más intervención en el mercado del contado con liquidación. Los importadores se quejan, además, del goteo de divisas para autorizar compras y muchos productores no descuentan sincerar la situación con una devaluación de hecho en sus costos o reconfigurar esquemas de producción.
Estas son solo algunas de las dificultades de haber equivocado el pronóstico. Un error de todo el Gobierno, cuyo chivo expiatorio siempre es el ministro de Economía. Pero mucho más inocuo que la tentación de no hacer ningún pronóstico para evitar el papelón. O no formular un plan consistente para no incomodar a una coalición de gobierno que no resiste un test de coherencia económica y sostenibilidad.