La población de Varsovia creció 17 veces por la llegada de los refugiados ucranianos
El aluvión de personas, en su mayoría mujeres y niños, que huyen de Ucrania por la guerra es de tal dimensión que en su vecina Polonia, destino de al menos la mitad de los 4,7 millones de refugiados ucranianos que registró hasta ahora la ONU, Varsovia, la capital, aumentó 17 veces su población. Como si Buenos Aires, en poco más de un mes, pasara a tener 12 millones de habitantes.
Ese fue el dato que dio la embajadora polaca en la Argentina, Aleksandra Piatkowska, en un encuentro organizado por la UCA del que también participaron los representantes diplomáticos de Rumania, la Unión Europea y el encargado de negocios de la embajada ucraniana.
Piatkowska explicó que las ciudades más cercanas a la frontera de más de 500 kilómetros de extensión entre ambos países incrementaron aun más su población. “Sin embargo, no hay centros de refugiados, ni carpas”, subrayó, excepto en las zonas fronterizas para la primera recepción de los refugiados. La razón: muchos ucranianos tienen familia o amigos en Polonia, y además muchos polacos abrieron sus hogares a los que huían de la guerra.
La embajadora Piatkowska recordó que Polonia y Ucrania tienen una larga historia
“Luchamos por nuestras familias”, dijo el encargado de negocios ucraniano
compartida, tanto en tiempos de guerra como de paz. Describió a la injusta invasión de Rusia como un genocidio y destacó que el embajador polaco permaneció en Kiev después del inicio de la guerra, el único de un país de la UE. También subrayó que los refugiados ucranianos, con o sin pasaporte y/o documentación, pueden ingresar al país y permanecer hasta 18 meses en forma legal. Pese a estos esfuerzos, y los de otros países vecinos de Ucrania, como Rumania, que recibió a más de 720 mil refugiados, en el encuentro de la ONU se advirtió que quienes huyen de la guerra enfrentan otra batalla en materia de desempleo, educación, desarraigo, barrera idiomática y cultural, solo por nombrar algunos.
El encargado de negocios ucraniano, Sergiy Nebrat, agradeció a los países Polonia, Rumania y a la comunidad internacional por la recepción a los refugiados, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, esperaba un “blitzkrieg” que nunca se produjo y elogió la resistencia de sus compatriotas a la invasión. “Rusia pensó que Ucrania no iba a luchar. Pero nosotros luchamos por nuestras familias, sus hogares, su territorio. Nosotros luchamos ahora por todos los países democráticos por la paz”, concluyó.
El socialista catalán Javi López es el presidente de la parte europea de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, que esta semana realizó su asamblea en Buenos Aires. Habló con PERFIL sobre los temas en común entre la UE y la Argentina y advirtió que, pese a que Bruselas necesita reforzar su suministro de alimentos por la guerra en Ucrania, el Mercosur no es por el momento una opción. E invita a nuestros países a regular el funcionamiento de los gigantes tecnológicos.
—La guerra en Ucrania con su impacto sobre el precio de los alimentos subrayó la necesidad de que Europa tenga fuentes alternativas de aprovisionamiento. América Latina sería la opción más lógica, en particular Argentina y Brasil. Sin embargo, el acuerdo UE-Mercosur está aún muy lejos de concretarse. ¿Este escenario actual podrá acelerar los tiempos?
—La invasión rusa en Ucrania ha puesto una vez más contra las cuerdas las cadenas globales de suministro, en este caso particularmente los alimentos, pero como ya pasó con la pandemia con el material sanitario. Es evidente que estas crisis nos hacen replantearnos la estructura de los mercados globales y nos plantea retos sobre nuestra soberanía estratégica (alimentaria, energética, tecnológica, etc.) y pone de manifiesto la necesidad de reforzarla. El acuerdo UE-Mercosur lleva mucho tiempo paralizado por distintas cuestiones, y el entusiasmo sobre él a ambos lados del Atlántico es hoy por hoy, al menos, escaso. Este acuerdo sería, en términos de población y de volumen de intercambios, el mayor acuerdo comercial de la historia. En mi opinión, representa una gran oportunidad para generar prosperidad a ambos lados del Atlántico y reforzar nuestros lazos comunes, y no debería desecharse. Sin embargo, es cierto que en su forma actual hay asuntos que generan dudas e inquietudes y que quizá merecerían un replanteo de forma serena. Es crucial que se garantice que este acuerdo sea ampliamente beneficioso para ambas partes por igual.
—Europa ha dado varios pasos para regular el funcionamiento de los gigantes tecnológicos. ¿Qué consejos le pueda dar la UE a los países latinoamericanos al respecto? ¿Es posible hacerlo sin “las espaldas” de Bruselas? —Europa ha avanzado mucho en materia de regulación del mundo digital partiendo de dos premisas fundamentales: la primera, que lo que es ilegal en el mundo real debe seguir siéndolo en la esfera digital. La segunda, que el mundo digital puede ser una nueva fuente de recursos a través de una nueva fiscalidad que nos permita desarrollar medidas que aseguren que la transición a un mundo más digital y tecnológico se hace con justicia social. Estos dos preceptos son una buena base para impulsar esquemas innovadores de legislación en esta materia. Para ello, contar con marcos regionales de normalización y cooperación legislativa puede resultar muy útil. Creo fervientemente que abordar este reto de forma regional puede ser muy beneficioso para América Latina y el Caribe.
—La Justicia brasileña ordenó a la aplicación Telegram brindar informaciones sobre cómo controlar las “fake news” que varios sectores vinculados a “discursos de odio” distribuyen en su plataforma. ¿Cree que es posible “judicializar” el control de los discursos del odio?
—Los discursos de odio constituyen una peligrosa amenaza a nuestra cohesión social, al bienestar de la ciudadanía y a la estabilidad de nuestras democracias. Es importante que fake news, discursos de odio y violencia y acoso online se combatan con toda la fuerza, puesto que ya hemos sido testigos de las consecuencias, individuales y colectivas, de este tipo de fenómenos. La ciudadanía debe estar sometida por igual al Estado de derecho, sea en el mundo real o en el mundo digital.