FABIáN BOSOER*

El 15 de agosto de 1972 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, en una operación conjunta, intentaban una fuga masiva de la cárcel de Rawson, en la provincia de Chubut, donde se encontraban detenidos junto a numerosos y destacados dirigentes gremiales y militantes políticos. El objetivo era llegar a Chile, donde gobernaba Salvador Allende. Seis de sus jefes –Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, del PRT-ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros- lograron subirse a un avión secuestrado y dirigirlo a Santiago de Chile, desde donde tiempo después partirían rumbo a Cuba. Era un duro golpe para el gobierno militar que presidía el general Alejandro Agustín Lanusse.

Sin embargo, el objetivo perseguido -la liberación de más de un centenar de presos políticosse frustró. Diecinueve de ellos no llegaron al aeropuerto a tiempo para subir al avión y se rindieron al día siguiente ante los efectivos militares, solicitando garantías públicas por sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. El capitán de corbeta, Luis Emilio Sosa los condujo hacia la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. Siete días duraría la vigilia. En la madrugada del 22 de agosto, los detenidos fueron obligados a salir de sus celdas formando dos hileras. En ese momento, los uniformados a cargo dispararon sus ametralladoras provocando la muerte de dieciséis de ellos.

De acuerdo con la versión oficial, uno de ellos, Mariano Pujadas, había intentado arrebatarle la pistola a Sosa en un nuevo intento de fuga. Sin embargo, los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Carlos Alberto Camps y Ricardo René Haidar, que resultaron gravemente heridos, aportaron luego sus denuncias y testimonios sobre el fusilamiento. Los tres fueron secuestrados y desaparecidos tras el golpe de 1976. Una facción del ERP se identificaría recordando el hecho, bautizándose como ERP-22 de Agosto. La matanza se proyectaría en el tiempo. Quienes denunciaron lo ocurrido serían perseguidos y en algunos connotados casos, lo pagarían con su vida. Jefes militares y policiales responsables de la represión tendrán protagonismo tiempo después, como victimarios o víctimas, en la violencia política que ensangrentó al país.

Una facción del ERP se identificaría años más tarde para recordar el hecho