Redes sociales y marco regulatorio
En un informe de la Unión Europea del año 2017 se distinguen tres categorías de información distorsionada. En primer lugar, se alude a la desinformación en el sentido de información falsa compartida intencionalmente para causar daño, en segundo lugar, se menciona la información errónea con el alcance de información falsa compartida sin la intención de causar daño, y en tercer lugar se refiere a la información maliciosa en la inteligencia de información genuina compartida con la intención de causar daño. Analizando la presente taxonomía, las fake news quedan englobadas en la primera de ellas: es indispensable la intencionalidad de engañar.
Los rumores y las falsedades se difunden de dos formas diferentes: las cascadas sociales y la polarización de grupos. Las cascadas se generan porque todas las personas tienden a depender de los demás: si la mayoría de la gente que conocemos cree un rumor, nosotros también nos inclinamos a creerlo. A falta de información propia, aceptamos las opiniones de los demás. En la economía, los rumores pueden dar lugar a burbujas especulativas, es decir, a una inflación de precios desmesurada y en materia de salud pública pueden generar movimientos antivacunas como ocurrió en Argentina en el contexto de la pandemia de covid-19. La polarización de grupos se configura cuando se reúnen personas con afinidades intelectuales, y así terminan defendiendo una versión más extremista que la que sostenían antes de empezar a hablar entre ellos.
Las redes sociales desempeñan un rol clave en la propagación de fake news: dada la facilidad de publicar contenidos en los medios digitales, la confianza pública en los medios ha decaído y las redes sociales aparecen como el vehículo idóneo para transportar falsedades y propaganda con la apariencia de noticias. En este sentido, se ha destacado que el problema clave para la democracia consiste en el deliberado uso de la desinformación para influenciar actitudes u opiniones sobre determinados temas o determinados candidatos políticos. Internet ofrece enormes oportunidades para la creación y difusión de noticias falsas: los informes falsos se distribuyen exponencialmente y aumentan el alcance de renombrados portales de noticias. Con cada interacción por parte de los usuarios, aumenta la circulación de la noticia y esto es inducido, la mayoría de las veces, por medio de innovaciones audiovisuales, conocidas como deepfakes.
En Argentina, internet está equiparada a los medios de comunicación, por tal motivo el marco normativo aplicable a internet y a las redes sociales es el propio de la libertad de prensa y de expresión, tutelada convencional y constitucionalmente, mediante una pluralidad de fuentes normativas de distinta jerarquía, así como por una ingente cantidad de normas de derecho interno.
La regulación de todos los aspectos relativos a las fake news como factor de desinformación no debería constituirse como una causal de justificación para recortar o coartar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que todo Estado democrático tiene la obligación de garantizar.
Los documentos internacionales exhortan a todos los actores interesados (incluyendo intermediarios, medios de comunicación, académicos, sociedad civil) a formular iniciativas participativas y transparentes que favorezcan una mayor comprensión del impacto que tienen la desinformación y la propaganda en la democracia, la libertad de expresión, el periodismo y el espacio cívico, así como respuestas adecuadas a estos fenómenos.
Podríamos concluir que la regulación de las noticias falsas podría llegar a ser legítimo, pero solo hasta cierto punto: lo que debe evitarse es el desarrollo de un doble estándar según el cual solamente sean ilegales las noticias falsas propagadas por “los otros”. En este sentido, cualquier parámetro legal que se aplique a las fake news debería ser universal de modo que resulte aplicable independientemente de ciertos valores particulares o de inclinaciones geopolíticas. Los Estados de derecho constitucional surgidos a partir de la Segunda Posguerra han defendido la idea de que una prensa libre y pluralista es la mejor garantía contra las fake news.
La regulación estatal de una materia tan sensible como las fake news no parece, al menos en Argentina, recomendable dado que sería ingenuo suponer que el gobierno de turno mantendría una postura imparcial, objetiva y transparente con validez para todos los operadores. En general, cualquier intervención gubernamental o de las plataformas que les impida a los usuarios acceder a determinados contenidos genera la sospecha de censura, ya sea estatal o corporativa. Quizás llegó el momento de repensar y rediseñar nuestro ecosistema de información en el siglo XXI y tratar de crear un sistema robusto que pueda enfrentar la invasión de fake news, probablemente mediante la coordinación de medidas de autorregulación con respuestas estatales o supraestatales.
Los rumores y las falsedades se difunden de dos formas diferentes: las cascadas sociales y la polarización de grupos
*Autora de Fake News. Editorial Thomson Reuters. La Ley. (Fragmento).