Los jueces deberán resolver por un pedido de condena de 12 años de prisión a la vice
Cristina Fernández de Kirchner escuchará el próximo martes el veredicto en el, hasta el momento, único juicio en su contra del cual enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión.
La decisión de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini puede ser por unanimidad (coincidencia de los tres en condenar o absolver) o por mayoría (dos coinciden y uno vota en disidencia).
Los delitos que se le imputan a la vicepresidenta comprenden una pena de cumplimiento efectivo, es decir, cárcel común. Sin embargo, en caso de ser hallada culpable, no irá a la cárcel; el próximo año Cristina cumplirá la edad en que la Justicia le puede conceder el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, para que esto ocurra, el eventual fallo condenatorio debe ser confirmado por instancias judiciales superiores que incluye (en caso de apelar y concederse el recurso) a la propia Corte Suprema. Misma situación se da en caso de que la decisión sea absolutoria y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola opten por apelar el fallo.
A lo largo del debate que empezó en mayo de 2019 y que se adaptó a la modalidad remota a raíz de las medidas dispuestas por la Corte por la pandemia del covid-19, la vicepresidenta hizo uso de la palabra en tres oportunidades: primero el 2 de diciembre de ese año durante la etapa de indagatorias cuando dirigiéndose a los presentes en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py sentenció:
“Este es un tribunal del lawfare, que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”.
La segunda fue el 23 de septiembre de este año, en el marco del cierre del alegato de su defensa: “Esta declaración que voy a hacer ahora no es una graciosa concesión del tribunal, sino porque así me asiste el código de procedimiento penal”, señaló la exmandataria, quien hizo uso de la palabra como abogada en causa propia.
Finalmente, vinieron sus últimas palabras el pasado 29 de noviembre, cuando dijo que quienes la juzgaban no era un tribunal del lawfare sino un “pelotón de fusilamiento”: “Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
El esquema que se investiga en el debate que cuenta con más de 115 audiencias y que llegará a su fin el 6 de diciembre se funda en tres delitos: en primer lugar, la asociación ilícita agravada, en segundo la administración fraudulenta en perjuicio al Estado, que cuenta distintos grados de responsabilidad para los acusados y el tercero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según el alegato de los fiscales, dicha asociación ilícita estuvo conformada entre 2009 y 2015 por cinco personas: Cristina Kirchner como jefa y Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti en calidad de organizadores. De todos los delitos que se les endilgan a los imputados, al único que no se acusa de incumplimiento de deberes de funcionario es a Báez, precisamente por ser el empresario privado.
Previo al día del veredicto, el tribunal oral número 2 escuchará a las 9.30 del lunes las últimas palabras de la penúltima tanda de acusados compuesta por Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santibañez.
Por último y a la misma hora del martes, se espera que Juan Carlos Villafañe se dirija a los jueces por última vez. Hasta el momento los únicos que se extendieron durante esta etapa final del juicio fueron la propia vicepresidenta y el exministro de Planificación Julio De Vido. El resto solo tuvo exposiciones breves que no pasaron de los 3 minutos.
La decisión del tribunal de disponer de dos audiencias para los cuatro últimos imputados llamó la atención en Comodoro Py. Diversos penalistas consultados sostienen que cada uno de los jueces sigue preparando su voto para la sentencia por tratarse del número de acusados y una importante cantidad de prueba.
El horario de la lectura del veredicto sigue siendo una interrogante que se revelará el mismo martes al cierre de la audiencia. Esto suele realizarse en horas de la tarde.
La causa comenzó con la denuncia de Javier Iguacel, por entonces titular de Vialidad Nacional durante el macrismo. El expediente fue instruido por el juez Julián Ercolini, quien el 2 de marzo de 2018 dispuso la elevación a instancia de juicio oral por el presunto otorgamiento irregular a Austral Construcciones de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Está acusada de asociación ilícita, defraudación e incumplimiento de los deberes