No aclare, que oscurece
Dice Jorge Bustamante en La República Corporativa que los problemas en Argentina no son su apego por no cumplir las normas o una prevalencia de actividades ilícitas, sino en todo caso lo contrario. En Argentina, dice, “el problema no son los ilícitos sino los lícitos”. ¿Para qué recurrir a un ilícito si mucho más económico es convertir el acto de despojo en un acto lícito? Es así como nuestro régimen legal fue construyendo con el tiempo una amplia red de privilegios que dejan a la sociedad argentina en una situación de postración. Argentina se fue transformando en una sociedad leguleya y cuidadosa de la norma que responde bien a lo que decía aquel adagio de que “cuantas más leyes, menos justicia”.
Si repasamos las leyes argentinas, surgen una serie de anomalías (sí, anomalías, cosas que se apartan de la norma).
Una de las más escandalosas es la proliferación de asignaciones específicas en el uso de los recursos públicos. Se crea un impuesto, pero se aclara que debe usarse para un fin específico (me dicen que esto es inconstitucional ya que los impuestos por definición no son de uso específico –por ello la anomalía de la norma, que se viola a sí misma–). La Ley de Medios financia al Instituto del Teatro, un impuesto a las entradas de cine al Incaa, el impuesto a los cigarrillos al Fondo Nacional del Tabaco, etc. ¿Pero es este el mejor uso de nuestro dinero? O, puesto de otra manera, ¿este sistema nos permite saber cuánto gastamos en cada cosa? La Ley 25.507, por ejemplo, cobra un impuesto del 0,3% al precio de la carne para financiar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, cuyo objetivo es, según la propia ley, “promover el aumento del consumo local de carne vacuna”. Pero si les preguntáramos a quienes compran carne si están dispuestos a pagar un impuesto para financiar un organismo que los haga sentir bien sobre su consumo de carne, dudo que muchos aportaran.
En esa lucha por la falta de transparencia, la reciente extensión del régimen de Tierra del Fuego, que hace unos meses promulgó Alberto Fernández, alcanza un nivel de perfección insospechado, ya que además de la asignación específica de tributos, una de las maneras más efectivas de ocultar lo que se gasta es depositando lo recaudado en un “fideicomiso”. Fideicomisos que siempre tienen nobles objetivos que, siempre por dificultades en las que nada tienen que ver, nunca alcanzan a cumplir.
En el artículo 4° del Decreto 727 de 2021 Alberto Fernández requiere de las empresas instaladas en la provincia depositar el equivalente al 15% de su exención de IVA en un “fideicomiso” (pueden santiguarse aquellos que son religiosos). Es un ejemplo notable: se financia la política a través de un fideicomiso con el equivalente sumar a los llamados “regímenes de promoción”. Son un ejemplo interesante porque muestran la potencia del lenguaje como instrumento para el engaño. Un buen privilegio necesita un relato potente para poder digerirlo. ¡Qué hermoso sería poder promocionar una actividad! Si pudiéramos hacerlo, deberíamos promocionar todo, y encontraríamos ahí sin duda la fuente de la riqueza. Pero lamentablemente esto no es posible. Claro, podemos bajarle los impuestos a la industria automotriz, por dar un ejemplo, y eso seguramente la beneficiará, pero esto implica, necesariamente, que habrá otro sector que tenga que poner la plata que ahora no pone la industria automotriz. Entonces, lo que promocionamos, por