El grito de los agricultores, de Europa a la India
Las generalizadas protestas de los agricultores europeos pueden afectar las metas ambientales de la UE, en un año electoral en el que el influyente voto rural amenaza con cambiar el mapa del Parlamento Europeo. Lejos, en India, una segunda rebelión del mismo sector amenaza, a su vez, la reelección del presidente Narendra Modi.
Los aportes del sector rural a economías tan diversas como las de la Unión Europea (UE) y de India difieren en magnitud, pero su poder político es igual de influyente, algo que quedó evidenciado con las masivas protestas que durante las últimas semanas protagonizaron en paralelo agricultores europeos e indios.
Los medios de comunicación se poblaron en el comienzo de 2024 de imágenes de tractores y camiones bloqueando las capitales europeas, con agricultores furiosos contra una generación “verde” de políticas agrícolas, contra el aumento de los costos de producción y a favor de medidas proteccionistas.
El mismo sector que en plena globalización se mantuvo en pie gracias a la Política Agrícola Común (PAC) de subsidios de la UE arde ahora por otras regulaciones, las de sustentabilidad del Pacto Verde con el que el bloque pretende transformar su tradicional matriz económica frente al calentamiento global. Es hora de una mayor contraprestación monetaria de este nuevo esfuerzo, dicen en el campo.
En 2022, la agricultura sólo representaba el 1,4% del PIB de la UE (220 mil 700 millones de euros), pero las respuestas del poder político –de marcha atrás– dan una idea de la influencia que mantiene el sector. Su voto en las elecciones de junio al Parlamento Europeo, con la ultraderecha en ascenso, se ha vuelto clave.
En el caso de India, quinta economía mundial, la participación de la agricultura en el PIB cayó al 15% en el año fiscal 2022-23, frente al 35% de 1990-91, por el rápido crecimiento de la industria y los servicios en el que ahora es el país más poblado del planeta, miembro de los Brics y pieza fundamental del Sur Global.
Los agricultores indios llevan tres años de protestas como las europeas para revertir el retroceso. Ahora han obligado al nacionalista Narendra Modi a buscar respuestas, a sólo tres meses para las elecciones en las que el presidente buscará la reelección para iniciar un tercer mandato de cinco años.
Razones europeas
Según el European Council on Foreign Relations (ECFR), en el corazón del conflicto de los agricultores europeos está el rechazo a la acción climática impulsada desde Bruselas para llegar a 2050 con una economía totalmente sustentable y mínimas emisiones de carbono, expresada en el Pacto Verde (Green Deal).
La UE se propuso reducir hasta 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% con relación a 1990, para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
En 2023, la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, destinada a proteger y mejorar la biodiversidad en los ecosistemas europeos, ya había enfrentado una feroz oposición del sector agrícola antes de ser aprobada.
Lo que trajo 2024 fue una generalización de las protestas, desde España a
Polonia, pasando por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia. Lo primero que hizo la Comisión Europea para reducir la tensión fue rebajar el rol del campo en el plan de reducción de emisiones netas, en un 90% para 2040.
El otro gran eje de las demandas es el de la competencia de la economía agrícola europea frente al mundo, en la que según los agricultores operan en “condiciones desiguales” bajo los acuerdos de libre comercio que ha firmado la Unión Europea, porque compiten con mercados de menos exigencias y precios más bajos.
Según la organización Farm Europe, los ingresos por hectárea del campo europeo disminuyeron un 12% en los últimos 20 años, la UE perdió 37% de sus agricultores y los pagos directos disminuyeron un 31%. En general, concluye, los consumidores y las finanzas públicas han sido los grandes ganadores de las políticas de Bruselas, y los agricultores son los grandes perdedores.
Con manifestantes bloqueando París y repudiando su presencia en una feria, el presidente Emmanuel Macron denunció que el agro del Mercosur se rige por normas ambientales y sociales más laxas y detonó así definitivamente el acuerdo de libre comercio con la UE que se gesta sin éxito hace más de dos décadas. También otorgó 150 millones de euros de ayudas y quitó un impuesto al gasoil.
Al igual que en Francia, los agricultores de Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y España han salido a las calles para rechazar esa lista coincidente de puntos que abarca cuestiones ambientales, de competencia, de costos de producción y hasta de burocracia administrativa que conspira contra sus beneficios. Los campesinos polacos protestan por una competencia desleal de la Ucrania en guerra.
“Nos están ignorando”, dijo a la prensa Marieke Van de Vivere, agricultora de la región de Ganet, en el norte de Bélgica, e invitó a los políticos de la UE “a venir un día con nosotros en un día de trabajo en el campo, o con los caballos o con los animales, para ver que no es muy fácil (...) por las normas que nos imponen”.
El nacionalismo crece en las encuestas para las elecciones (del 6 al 9 de junio) atacando a la burocracia de Bruselas en nombre de un tradicionalismo que aprecia el campo, mientras la derecha se presenta como “el partido de los agricultores”.
Ante esta doble amenaza, la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen –que busca la reelección– archivó un proyecto contra el uso de pesticidas que empeoraría las posibilidades de las alianza moderada que hoy administra el bloque apoyada en un electorado más urbano y progresista.
En febrero, la Comisión Europea anunció que reducirá a la mitad el número de controles administrativos ambientales. “El mensaje de los agricultores es claro: quieren trabajar en sus campos, no atrapados detrás de archivos”, reconoció el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
Los votantes en general siguen temiendo el cambio climático, pero tienden a priorizar un menor coste de la vida sobre el impacto climático. Los gobiernos de la UE, por su parte, temen las consecuencias de no apaciguar al lobby agrícola. En 2022, la agricultura sólo representaba el 1,4% del PIB de la UE, pero en muchos Estados miembros tiene una enorme influencia política, según el ECFR.
Razones indias
En India, los agricultores centran sus demandas en la fijación de un precio mínimo para sus cosechas y la condonación de sus deudas, una promesa que les hizo Modi cuando apaciguó las protestas de 2021 en Nueva Delhi contra su proyecto de reforma agraria para liberar mercado local, y que le reprochan haber incumplido.
Modi intentó liberalizar la venta, los precios y las normas de almacenamiento de productos agrícolas, y permitir que los agricultores vendieran sus productos a precios de mercado directamente a intermediarios privados: empresas agrícolas, cadenas de supermercados y almacenes online.
La mayoría de los agricultores indios venden sus productos a mercados mayoristas controlados por el gobierno con un precio sostén asegurado. Modi quería permitir a compradores privados acaparar alimentos como arroz, trigo y legumbres para ventas futuras, y no sólo a agentes autorizados por el gobierno.
Pero los agricultores temen que una reforma semejante los debilitará frente a especuladores privados en la fijación de precios y la comercialización. Es decir, prefirieron protección y subsidios frente a un mercado liberalizado.
Miles de agricultores indios se suicidan cada año debido a la pobreza, el endeudamiento y la pérdida de cosechas, afectadas por patrones climáticos cada vez menos predecibles debido al calentamiento global. Los agricultores demandan ahora una pensión fija de 120 dólares para trabajadores rurales mayores a 60 años.
La Administración de Modi anuncia cada año precios mínimos para 20 rubros, pero sólo adquiere dos (arroz y trigo) desde agencias estatales, al 6% de los productores.
La agricultura representa el 15% de la economía india, lo que puede determinar un cambio en las elecciones de las cuales depende la continuidad de Modi, quien lleva una década en el poder, y potenciar las opciones del tradicional partido opositor del Congreso Nacional Indio, que sí ofrece una ley para darle garantías al agro.
En el fondo de estos conflictos simultáneos en Europa e India, tanto los actores rurales como el poder político se ven ante el desafío de repensar el rol de la agricultura como parte clave, no sólo de la economía, sino de la seguridad nacional.
La pandemia y la guerra demostraron la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro, de la seguridad alimentaria de los países y, en última instancia, de la estabilidad de todos nuestros sistemas políticos.
La consecuencia global: un avance del proteccionismo en el mercado internacional de productos agrícolas, con impacto directo en países productores como Argentina.
Una ley de minería de 1872 todavía rige en Estados Unidos la extracción de minerales críticos o valiosos como litio, oro y plata. Un debate para actualizar esa normativa está en pleno desarrollo en el país, tratando de conciliar los intereses de las empresas privadas y del gobierno federal.
Cuando el Congreso en la ciudad de Washington abrió tierras públicas estadounidenses a la minería en 1872, el país tenía menos de un siglo de existencia. Los mineros utilizaban picos, palas y mangueras de agua a presión para extraer minerales valiosos como oro y plata. Hoy en día es una industria de alta tecnología, pero todavía se rige por la Ley de Minería de 1872. Como era el caso hace 150 años, las empresas pueden extraer valiosos depósitos minerales de tierras federales sin pagar regalías al Tesoro de Estados Unidos.
Incluso cuando las tierras que antes estaban disponibles para la minería reciben un nuevo estatus de protección como parques o monumentos nacionales, la ley de 1872 protege los derechos mineros existentes en esas tierras. Es por eso que una empresa llamada Energy Fuels Inc. acaba de comenzar a extraer uranio en enero de 2024 en un sitio en Arizona a unos 16 kilómetros del Gran Cañón y dentro de un nuevo monumento nacional.
Minerales como el litio, el uranio y el cobre son esenciales para pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable y para muchos otros usos en nuestra sociedad cada vez más tecnológica. El gobierno del presidente Joe Biden quiere producir estos materiales a nivel local, en lugar de depender de fuentes extranjeras, especialmente de países como la República Democrática del Congo, donde persisten los abusos de trabajo infantil en la industria minera.
Muchos expertos sostienen que la ley de 1872 es arcaica y debería actualizarse hace tiempo. Permite a la industria minera moderna desarrollar recursos valiosos en tierras públicas sin devolver ningún valor al contribuyente estadounidense y explotar en áreas que tienen ecosistemas sensibles o contienen importantes recursos culturales para los pueblos indígenas.
Un desarrollo libre de regalías
Permitir a los ciudadanos entrar, explorar y, en última instancia, desarrollar reclamaciones sobre tierras federales con valiosos depósitos minerales fue parte de un amplio impulso para colonizar el Oeste. El Congreso promulgó la ley de minería de 1872 apenas una década después de la Ley de Homestead, que otorgaba a los colonos hasta 160 acres (casi 65 hectáreas) de tierra pública por una pequeña tarifa de reclamación si vivían en ella y la cultivaban, y tres años después de la finalización del ferrocarril transcontinental en 1869.
Hoy en día, las tierras públicas federales abiertas son administradas por el Forest Service (servicio forestal de Estados Unidos) o por el Bureau of Land Management (la oficina de administración de tierras). En cualquier caso, se consideran disponibles para la minería de roca dura.
Las empresas que quieren desarrollar carbón, petróleo, gas natural, energía geotérmica y energía solar o eólica en tierras públicas firman arrendamientos y pagan regalías a cambio de utilizar estas tierras para generar riqueza privada. Por ejemplo, la tasa actual de regalías para la producción de petróleo y gas en tierras federales es del 16,67% del valor de mercado de esos combustibles.
No ocurre lo mismo con las empresas mineras, incluso si extraen metales preciosos como oro y plata. Según una estimación del Departamento del Interior, el valor del oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el plomo y el zinc extraídos en tierras federales del Oeste en 2019 fue de aproximadamente 4.900 millones de dólares. Si las empresas hubieran pagado regalías, habrían devuelto millones de dólares al Tesoro estadounidense.
Un minero que localiza un depósito mineral valioso en tierras públicas y cumple con las leyes federales y estaduales disfruta del derecho a explorar y luego desarrollar la tierra, e incluso puede impedir que otros lo hagan. Hay dos reglas de calificación principales. En primer lugar, los reclamos solo pueden ubicarse en tierras públicas abiertas que no hayan sido retiradas de su uso para otros fines, como proteger recursos culturales o áreas silvestres.
En segundo lugar, la ley de 1872 sólo se aplica a de
pósitos minerales valiosos, que define como aquellos en tierras que contienen minerales localizables que una persona prudente explotaría porque los minerales pueden extraerse y comercializarse con ganancias.
Esos materiales pueden incluir minerales preciosos, como oro y plata; minerales metálicos, como uranio, plomo, cobre o zinc; o minerales no metálicos, como algunos tipos de piedra caliza, bentonita y amianto. Las propuestas mineras de alto perfil hoy incluyen minas de cobre en Arizona y minas de litio en Nevada.
Décadas de debate
Los llamados a reformar la ley de 1872 surgieron por primera vez a fines del siglo XIX y han persistido desde entonces. Después de todo, la ley transfirió valiosos recursos públicos a manos privadas prácticamente sin costo alguno, mientras agobiaba al público con las cargas ambientales resultantes, como estanques contaminados con cianuro tóxico.
La minería en tierras públicas, especialmente antes de la década de 1970, dejó una multitud de zonas contaminadas que las agencias federales todavía están trabajando para limpiar a expensas de los contribuyentes.
En la actualidad, las operaciones mineras están sujetas a leyes ambientales y de gestión de tierras modernas, como la Ley de Agua Limpia. Pero estas leyes no fueron escritas específicamente para abordar la minería y no cubren completamente cuestiones como la eliminación de desechos mineros.
John Leshy, un jurista de la Universidad de California, ex abogado del Departamento del Interior y el principal experto en derecho minero del país, describió enérgicamente en su libro de 1987, “The Mining Law: A Study in Perpetual Motion” (“La ley minera: un estudio en movimiento perpetuo”), cómo ese estatuto languideció durante décadas, ampliamente. entendido como inadecuado para los tiempos modernos pero que elude la reforma.
Un ex profesor de derecho de la Universidad de Colorado, Charles Wilkinson, llamó a la ley un “lord of yesterday” (un señor o dueño del ayer) en su libro clásico de 1992, “Crossing the Next Meridian: Land, Water, and the Future of the West” (“Cruzando el próximo meridiano: tierra, agua y el futuro del Oeste”).
Los defensores de la reforma apoyan la adopción del tipo de modelo de arrendamiento tradicional que se utiliza para la mayoría de los demás recursos en tierras públicas en Estados Unidos y otros lugares. Por ejemplo, para la producción de petróleo y gas en tierras federales y en alta mar en aguas federales, las agencias identifican áreas con potencial de desarrollo y realizan subastas competitivas para arrendar parcelas para exploración y desarrollo.
Los reformistas también están a favor de salvaguardias ambientales más estrictas que abordarían cuestiones como la gestión y eliminación de los desechos mineros. Finalmente, argumentan que la minería debería prohibirse en áreas que sean ecológicamente sensibles o importantes para los pueblos indígenas o las naciones tribales.
Por el contrario, la industria minera y sus partidarios se quejan de que las leyes existentes obstaculizan las actividades mineras. En su opinión, el gobierno federal aplica la ley minera de 1872 de una manera que obliga a las empresas a pasar años obteniendo las aprobaciones necesarias. Un informe de 2015 preparado para la industria minera estimó que el tiempo promedio requerido para obtener todos los permisos para una mina grande en Estados Unidos era de siete a diez años, en comparación con dos años en Canadá y Australia.
La industria también sostiene que imponer un requisito de regalías dificultaría que las empresas produzcan materiales críticos de manera rentable, aunque estas empresas actualmente pagan regalías a doce estados del Oeste norteamericano por sus actividades en tierras estatales. En septiembre de 2023, el Departamento del Interior publicó un informe de 168 páginas en el que hacía recomendaciones para mejorar la minería en tierras públicas. Requiere:
◆ Poner mayor énfasis en la protección ambiental en los permisos mineros
◆ Prevenir la minería en áreas que son importantes para las naciones tribales y los pueblos indígenas
◆ Reemplazar la ley minera de 1872 por un sistema de arrendamiento más tradicional que cobraría regalías del 4% al 8%
◆ Cobrar a las empresas mineras una tarifa que se utilizaría para ayudar a limpiar los sitios mineros abandonados, similar a una tarifa que las empresas mineras de carbón han pagado desde 1977.
Hay proyectos de ley pendientes en el Congreso, presentados por legisladores de Nevada, un importante estado productor de minerales. Estas medidas mantendrían la estructura de la ley de 1872 y al mismo tiempo tomarían medidas para simplificar la concesión de permisos para actividades mineras a gran escala.
Equilibrando los minerales críticos y la conservación
Las conversaciones sobre minería están adquiriendo una nueva urgencia a medida que Estados Unidos busca una transición hacia una energía limpia y trabaja para asegurar materiales esenciales para una economía moderna basada en la tecnología. En mi opinión, centrarse miopemente en minerales críticos y avanzar hacia una nueva era de minería nacional no debería ocurrir sin reformar la ley de 1872.
Una reescritura de la ley podría agilizar la concesión de permisos y crear un proceso de planificación para la minería en terrenos públicos que refleje el proceso existente para proyectos energéticos. Detener el cambio climático e impulsar una nueva economía verde puede implicar algunas compensaciones entre los objetivos de protección ambiental a corto y largo plazo.
Pero estas decisiones se pueden tomar de manera reflexiva, centrándose en proteger las preciadas tierras públicas de Estados Unidos. En 1872, las tierras y los recursos naturales del país pueden haber parecido inagotables: hoy sabemos que son finitos y que usarlos responsablemente significa equilibrar el desarrollo y la gestión. * Decano asociado y profesor de derecho de la Universidad de Wyoming / Publicado originalmente en The Conversation (https:// theconversation.com/gold-silver-and-lithium-mining-on-federalland-doesnt-bring-in-any-royalties-to-the-us-treasury-because-ofan-1872-law-216424).