El histórico aporte de los jubilados al superávit
El sistema previsional es el sostén del recorte del gasto público. La caída en los haberes es del 35% promedio.
“Primero los datos”, es una frase Milton Friedman, que Javier Milei, como seguidor fiel del economista norteamericano, suele repetir. Aplica a muchas situaciones, pero fundamentalmente al momento de discutir una teoría económica y su eventual éxito o fracaso. Como en general las situaciones financieras, monetarias, cambiarias, fiscales y macro pueden ser mensurables, resulta una condición importante saber si una visión o la aplicación de una política son reales, efectivas y, fundamentalmente, sustentables en el tiempo. Para Friedman, solo poniendo antes que nada los datos de esas variables sobre la mesa, un debate económico tendría sentido para el público y los agentes que sufrirán esas políticas.
Los números del primer bimestre y la proyección del trimestre enero marzo indican que el gran faro de la política económica de Javier Milei y su ministro Luis “Toto” Caputo se están cumpliendo. Incluso superando. El superávit fiscal acumulado en ese período alcanzó los 5.500 millones de pesos, proyectando para el trimestre unos $ 8 mil millones; en franco tránsito a los $ 33 billones que el Gobierno deberá conseguir de superávit entre recaudación y gastos en todo el período. Cálculo de actualización de inflación mediante, implicaría que el Presidente y su ministro de Economía incluso lograrían superar la promesa de un superávit del 2,1% del PBI para todo 2024, tal como obliga la meta comprometida en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de este año. Un tratado de Facilidades Extendidas que incluso podría renegociarse entre junio y julio a favor de la Argentina. La proyección indica que en el primer trimestre del año, el ahorro fiscal primario (recaudación contra gastos, lo que verdaderamente le importa al FMI) superaría el 0,6% y se encontraría “on track” para aquel 2,1% final esperado para 2024. Teniendo en cuenta que se parte de un déficit de algo más del 3% del PBI en 2023, serían más de cinco puntos de ajuste fiscal que el Gobierno está en camino de cumplir. Puede considerarse casi una hazaña. Y así lo interpretan los mercados financieros y cambiarios, que vivieron una semana casi de fiesta, con bonos reestructurados en octubre de 2020 que por primera vez cotizaron a algo más de un 50% de su Valor Presente Neto (VPN), luego de navegar durante sus primeros años de vida útil por debajo de los 30 dólares (incluso menos de US$ 20 en algún que otro período, un nivel de vergonzoso default). Ni hablar de las acciones cotizantes en Wall Street (las famosas American Depositary Receipt, ADRS) y algunos papeles locales, fundamentalmente vinculados al mercado energético y al financiero. El fundamentalismo con que Milei y Caputo ejecutan la política de ajuste que permite el superávit fiscal en el arranque de 2024, despierta, evidentemente, euforias en los mercados financieros.
Sin embargo, datos son datos, la sustentabilidad en el tiempo de ese superávit aún no está clara, ya que la base del ahorro se encuentra en una de las dos premisas que deben funcionar en el mediano plazo. Si se tiene en cuenta que un superávit tiene un doble capítulo, recaudación menos gastos, y que la primera de las variables cayó algo menos del 20% en el primer bimestre, todo depende de reducir los gastos. ¿Y sobre qué gastos se ejecutó esa contracción?, fundamentalmente dos: giros discrecionales a las provincias y sistema previsional. En el primer caso, cada gobernación recibió en promedio un recorte del 10% de los giros que habían recibido en 2023. Como además la recaudación se contrajo, también hubo una reducción dramática de los fondos coparticipables. Obviamente, el capítulo más polémico es la histórica licuación de ingresos que está viviendo la clase pasiva en el primer trimestre del año. Según la información suministrada por el Instituto Argentina de Análisis Fiscal ( Iaraf ), en el primer bimestre del año la caída del poder adquisitivo de los jubilados que cobran bonos llegó al 28%, mientras que los que no tienen bonos vivieron un recorte del 42%. En promedio, tomando ambos grupos, alcanzaría un 35%. Curiosamente, el mismo porcentaje de caída promedio del gasto público general en idéntico período. La generación de recursos aportados por los jubilados y pensionados argentinos implica casi un tercio del resultado final esperado para el primer trimestre del año. Unos 1.800 millones de pesos.
La ley Bases II incluye un capítulo de reparación de la situación
¿Sobre qué gastos se aplicó? En giros discrecionales a las provincias y en el sistema previsional
En todo el año, el ajuste en las jubilaciones representará 1,4 puntos de los cinco puntos previstos para 2024
de licuación de las retribuciones para pasivos incluyendo la actualización desde abril hacia delante siguiendo la inflación real, más un 10% de reconocimiento de los recortes a los ingresos pasivos que la licuadora ejecutó en el primer trimestre del año. Si se proyectara la mejora a todo 2024 (aprobación de ley mediante), los jubilados con bonos habrían perdido un 10% de sus ingresos en todo el año, mientras que los que no percibieron bonos perderían un 24%. El promedio se ubicaría en un 18% final de ajuste fiscal a la clase pasiva, y un aporte de casi 1,4 del total del ajuste comprometido para todo el ejercicio ante el FMI.
Nada que los jubilados no conozcan. Según el IAEF, en los últimos seis años, los jubilados perdieron entre un 9,5% y un 13,5%, según cobren o no bonos del Estado. Perdieron así en siete años casi un 20% del poder de compra de las jubilaciones. Como se ve, no es negocio ser de clase pasiva en este país. Gobierne quien gobierne. Y tenga la ideología que tenga.