La situación de los médicos
La Fiscalía General de San Isidro le asignó al fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de UFI Nº4 de Pilar, que investigue el accionar de los dos médicos que informaron que la causa de muerte de Eduardo Wolfenson se había tratado de un infarto en un expediente distinto, ya que en primera instancia no creen que el mal accionar esté relacionado con el asesinato.
Hermenegildo Gustavo Mejía Lope, de la empresa “Vittal”, fue el primero en llegar al lugar del hecho, pero con una identidad falsa, correspondiente a un compañero de trabajo. Después de varios días de haberlo buscado sin éxito por distintos domicilios, el hombre se presentó ante la Justicia y reconoció que además usó el sello de su hermano para firmar la constatación de muerte porque había perdido el suyo. “El cuerpo estaba frío y no vi signos de defensa”, comentó y argumentó que llegó a ese veredicto luego de que la viuda lo puso al tanto de la historia clínica del ingeniero.
Este diagnóstico fue avalado más tarde por el médico con más de 30 años de servicio en la Bonaerense, Marcelo Rodrigué, a pesar de que una perito de la Policía Científica que revisó previamente la escena del crimen declaró haber visto signos de defensa y algunos cortes en la víctima. Su colega manifestó que si bien le dijo en el momento al médico Rodrigué que ella creía que había sido un homicidio, él insistía con que se trataba de un paro cardíaco.
Fuentes consultadas informaron que si bien se generaron dos causas distintas a cada uno de los médicos, que siguen su curso por separado, están aguardando el peritaje de los celulares de los implicados que estará disponible a fines de abril, para corroborar si el accionar tuvo o no, alguna relación con el crimen.