No hay razones de fondo para entrar en default
El último paso de la estrategia de reposicionamiento internacional del Gobierno está dando más trabajo del que cualquier miembro del Poder Ejecutivo se hubiera imaginado, excepto, según sus propias palabras, la Presidenta, quien intuyó que el camino podía ser mucho más hostil del que venía siendo hasta el 16 de junio, cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema estadounidense en el sentido de desestimar la apelación argentina respecto del fallo del juez Griesa que luego fuera confirmado por la Cámara de Apelaciones neoyorquina.
Hasta allí nuestro país avanzaba sin prisa pero sin pausa en su búsqueda de retornar a los mercados internacionales de crédito e inversión.
En ese marco es donde se justificó el sostenimiento del discurso clásico kirchnerista con un claro cambio de rumbo dentro del cual encontramos desde una restricción en la expansión monetaria, una devaluación, aumento de las tasas de interés, sinceramiento del índice de inflación hasta acuerdos con Repsol, el Club de París y una palmada en la espalda del archivilipendiado Fondo Monetario Internacional, quien sólo unos días antes de la nefasta mañana del frío lunes pasado nos felicitaba por los avances en la regularización de las estadísticas públicas.
A esta altura todos los gestos previos que se hicieron y que se suponía debían coadyuvar a la generación de consensos que permitieran a la Corte norteamericana otorgar los seis meses de plazo necesarios para poder negociar el pago de una sentencia adversa sin violar la famosa cláusula Rufo (la cual obliga a la Argentina a igualar cualquier oferta superadora de la vigente en los canjes de deuda 2005 y 2010, con los tenedores de dichos títulos) fueron en vano.
En este punto vale detenerse para marcar lo que debería ser un aprendizaje colectivo: los gestos de acercamiento y “buena conducta”, la simpatía y la “buena onda” que se puede generar a partir de conductas “amigables” con los actores internacionales, como fueron desde Repsol hasta el FMI, puede que tengan incidencia, pero definitivamente no son determinantes en los resultados.
Es decir, el mundo se mueve por intereses, e importa bastante poco ser los mejores alumnos. Al mismo tiempo parece claro que la solvencia profesional de quienes diagraman la estrategia de un país, tanto en el plano internacio-
MATIAS TOMBOLINI
nal como en el local, son los verdaderos factores relevantes para el cumplimiento de los objetivos planteados.
El mundo es muchísimo más pragmático que retórico, ya sea que dicha retórica se entienda en el sentido de la relación carnal de los 90 o de las lecciones del modelo alternativo de la década kirchnerista.
Vencimientos. Hoy nos encontramos en una situación en la cual estamos al borde de la cesación de pagos y al mismo tiempo somos uno de los países menos endeudados del planeta si se mide la relación de deuda externa pública respecto del producto bruto interno.
Si se observan los vencimientos que restan se pueden sacar conclusiones contrapuestas según sea la necesidad argumental.
Esto es, si tuviéramos que hacer frente a estos vencimientos y les sumáramos las sentencias pendientes de ejecu- ción derivadas de los juicios de los holdouts seguramente podríamos concluir que esos montos son lo suficientemente elevados como para dañar letalmente el nivel de reservas internacionales que tenemos, y por lo tanto afectaría el tipo de cambio generando un impulso inflacionario de consecuencias nefastas para la economía local.
De otro modo, podemos ver esos vencimientos en términos de la relación que tienen respecto del PBI, y aun en el caso de sumar las sentencias pendientes, si todo esto fuera refinanciado como lo hacen el resto de los países del mundo, lo que se conoce como roll-over de la deuda, los mismos no presentarían ningún problema para las cuentas públicas. Es decir, no hay motivos económicos de fondo para entrar en cesación de pagos.
No pares. Por otro lado, más allá de los juicios de valor que cada uno haga sobre el Gobierno, es importante entender que lo que aquí está planteado no es una negociación entre pares. Los
buitres son individuos, particulares, y la Argentina es un Estado soberano.
No se debe pensar la posibilidad de acuerdo sobre la base de una negociación privada tradicional. No hay tal situación posible.
No se trata de regatear ni de conseguir un descuento, no funciona de ese modo cuando un país es el involucrado
a Argentina hace su oferta dadas las posibilidades de su pueblo; acá no se trata de ver como se le saca ventaja a un proveedor como si fuera un trato entre empresas.
Si observamos la forma en la que se regula el comercio internacional en el marco de la Organización Mundial de Comercio, veremos que abrir un panel arbitral y lograr una sentencia, por ejemplo, por dumping, es algo sumamente complicado, aun cuando se gane. El país ganador tiene derecho a retaliar con medidas compensatorias, pero jamás se procede al embargo del país perdedor para reparar el daño causado por el demandado.
Habiendo manifestado voluntad de acordar y cumplir la sentencia, que aun así se mantenga el embargo es una locura en términos de las relaciones internacionales, las cuales se rigen por parámetros diferentes a los que regulan la relación entre personas.
Al mismo tiempo, y como muestra brutal de la magnitud del camino elegido por Griesa para dar cumplimiento a su fallo, podemos ver que los fondos de los países y dictadores sospechados de las peores atrocidades se “congelan”, pero rara vez se embargan, mientras a nosotros nos pueden aplicar la sanción del embargo sobre los pagos de deuda que tenemos regularizada, afectando de este modo también a los bonistas que sí entraron en el canje, además de a la Argentina propiamente dicha. Increíble.
Hasta aquí hay gestos que colocan la actitud del juez lejos del camino que permita impartir justicia, sino que parece demasiado politizado en sus actos.
Aún queda algún resquicio mediante el cual se pueda abordar una salida no traumática para el conjunto.
Esto se debe resolver sosteniendo la plena vigencia del Estado de derecho, protegiendo la propiedad privada, al tiempo que en la ejecución de la sentencia se debe recordar que de un lado hay un grupo de personas (buitres) y del otro 42 millones de habitantes de un pueblo soberano.