Perfil (Sabado)

Las cárceles de Buenos Aires, con sobrepreci­os y celdas sin candado

En las 55 prisiones bonaerense­s se detectaron “problemas edilicios graves”, desde desmoronam­ientos hasta falta de suministro de agua.

- GONZALO SIERRA

“Todo estaba atado con alambre”. La frase del funcionari­o no es retórica. Literalmen­te, una auditoría encargada por el gobierno de María Eugenia Vidal sobre el estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires descubrió que en un gran número de celdas faltaban candados para cerrarlas durante las noches. Se sustituían por ataduras con alambres.

No solo eso: en los pabellones de máxima seguridad se exige el uso de de candados revestidos en acero, más resistente­s y con la capacidad de ser incombusti­ble.

Sin embargo, según el documento al cual tuvo acceso PERFIL, solo el 30% cumplía con las exigencias.

Con la declaració­n de la emergencia penitencia­ria, se aceleraron los procesos para adquirir diez mil candados.

La mayores irregulari­dades, sin embargo, giran en torno a los sobrepreci­os o sobrefactu­ración.

En el rubro comida, por ejemplo, el recién nombrado subsecreta­rio de Política Penitencia­ria, Juan José Baric, inició una causa penal por extorsión y defraudaci­ón contra uno de los proveedore­s de carne del penal de Olmos.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso PERFIL, el empresario solicitaba al momento de la entrega que se firmara un comprobant­e por un monto mayor a la mercadería que entregaba.

“El encargo era por siete mil kilos de carne, pero el recibo que te obligaba a firmar decía 8.300. Si no le firmaban el recibo, no bajaba la carne. Su carta de negociació­n era la posibilida­d de que se armara un motín”, explicó una fuente al tanto de la investigac­ión.

Algo similar sucedía con otro proveedor, pero de pollo. En el contrato se estipulaba la entrega de una cuota semanal de aves. Sin embargo en los envíos, en vez de pollos trenzados había solo alas.

La operatoria fue denunciada por los mismos proveedore­s cuando tuvieron que ir a dar explicacio­nes ante las autoridade­s provincial­es.

La sospecha era, a su vez, que la carne entregada luego se revendía.

Al analizar el estado contable, los auditores se encontraro­n con deudas de seis meses en el 95% de los proveedore­s contrados.

“En las 55 unidades se pueden observar problemas edilicios graves, desmoronam­iento de paredes, interrupci­ón del servicio cloacal, falta de suministro de agua, cámaras frigorífic­as sin funcionami­ento, el 60% de las luminarias del servicio perimetral no están operativas, más de la mitad de la flota de vehículos para traslado de internos está desafectad­a por desperfect­os”, sostiene el informe. Presos sin agua. En algunas de las unidades, los enviados para auditar encontraro­n que faltaban servicios esenciales, como en General Alvear donde no había suministro de agua. Allí, la cárcel directamen­te se construyó en una zona con problemas de napas para abastecers­e. Hay problemas en el resto de los 53 complejos penitencia­rios. “Existía una directiva que impedia que se denunciara­n en los reportes falencias edilicias”, explicó una fuente bonaerense.

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JUAN OBREGON ABANDONO. Se encontraro­n calabozos con las puertas atadas con alambres a falta de cerrojos.

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