El juez que investigó Skanska revela presiones y amenazas.
Javier López Biscayart indagó en las coimas del caso Skanska cuando las denuncias contra el kirchnerismo brillaban por su ausencia.
Javier López Biscayart recuerda que le enviaron una corona mortuoria para intimidarlo. “La mayor presión fue del Poder Judicial”, dice.
HABLA EL JUEZ QUE INVESTIGO LA CORRUPCION K EN TIEMPO REAL Eran otros tiempos, cuando la popularidad de Néstor Kirchner y la cobertura por parte de los principales medios repelía o enviaba hacia espacios marginales las denuncias de corrupción del kirchnerismo. Fue entonces, en 2006, cuando una investigación periodística de PERFIL dio vida al caso Skanska y dejó en manos del juez penal tributario Javier López Biscayart un escándalo que mostraba cómo empresarios usaban facturas truchas para encubrir el pago de coimas para las obras públicas. López Biscayart avanzó en tiempo real sobre la corrupción del gobierno. Todo se frenó cuando sus autoridades desmembraron en pedazos la investigación. Y buscaron darle un tiro de gracia cuando descartaron como prueba una grabación en la que un empresario reconocía el pago de coimas millonarias para participar de la construcción de un gasoducto. Estaba a punto de quedar impune. El jueves, el juez Sebastián Casanello la reabrió porque ahora se consideró válida la grabación.
Una década después de tomar la investigación, López Biscayart revela ahora que los mayores obstáculos para frenarlo no llegaron de afuera sino de las propias entrañas del Poder Judicial.
—El caso Skanska se investigó cuando el kirchnerismo estaba en su apogeo. Pero la mayoría de sus colegas lo hicieron cuando cambió el poder.
—No lo veo así. Entiendo que sea una mirada de los medios de comunicación. Cuando un gobierno se va y hay un traslado tan importante del eje de poder, muchos empiezan a hablar y aparecen cosas que mueven los procesos judiciales. ¿Usted dice que los jueces no frenaron causas? —Aparecieron pruebas que antes los jueces no tenían. En términos generales. No niego la posibilidad de que algún juez cajoneara un expediente, pero no como algo generalizado. Es cierto que hay una gran crítica contra el Poder Judicial. Y hay que ver cómo mejorar. Yo me siento subjetivamente inocente, pero objetivamente culpable como parte del Poder Judicial.
—¿Y cómo hay que mejorar?
—Las causas deben resolverse en tiempo razonable. Y los jueces tienen que mostrar conductas ejemplares para reconciliarse con la visión que tiene la sociedad. Además, hay que encarar una reforma judicial. Pero ahí las reglas las fija el Congreso.
—¿Esa purificación exige cambiar jueces?
—Eso dice el Ministerio de Justicia, que algunos deben dar un paso al costado. Yo no dejo de evaluar si se refieren a mí. Pero creo que esas generalizaciones son dañinas para el Poder Judicial. Se puede decir en Twitter, en 140 caracteres. Pero el tema es más profundo. Las responsabilidades de los jueces se deben evaluar uno por uno. De lo contrario, como decía Discépolo, quedamos en el mismo lodo todos manoseados. Y para los jueces que hacemos lo posible por llevar bien nuestro trabajo, esa generalización es trágica. Somos todos juzgados por aquello que hacen los jueces de Comodoro Py, que son una excesiva minoría dentro del Poder Judicial.
—¿Se terminó el tiempo de los operadores del Gobierno en la Justicia, los traficantes de influencias, los Jaime Stiuso o Javier Fernández?
—Con respecto a los servicios de inteligencia, la única vez que vinieron los saqué corriendo y los denuncié. No me llegan. Pero no vivo en una burbuja. Sé que eso existe. Está mal. Y está mal que algunos colegas abran sus puertas para dar lugar a esas situaciones. —¿Existió o todavía existe? —Existe. Lo dijo Elisa Carrió. Yo no comparto necesariamente todo lo que dice. Pero en este punto, creo que dice lo correcto.
—¿Es optimista a futuro sobre los cambios en la Justicia?
—No. Exige un debate más profundo, más allá del proyecto que tiene el Gobierno. El sistema judicial es un resabio de la aristocracia. Hay que darle una dimensión democrática. Las responsabilidades se deben evaluar uno por uno; de lo contrario, como decía Discépolo, quedamos todos manoseados. En esto el gobierno anterior tenía un mejor diagnóstico. El problema es cómo se democratiza. ¿Elegimos a los jueces por el voto popular? Eso es muy peligroso, porque las sentencias se volverían actos de propaganda política. Pero los constitucionalistas de 1853 lo vieron claramente: la única forma de darle participación al pueblo es a través de jurados. Está en la Constitución desde 1853, que también determinó que el Congreso debía definir cuándo se daba la oportunidad para hacerlo. Y los intentos que hubo siempre dejaron de lado los delitos de corrupción, cuando si hay algo que el pueblo debe juzgar son esos delitos. Es la gran deuda que tiene el sistema político argentino.
—Usted investigó Skanska, que, como todo caso de corrupción, tiene un lado público y otro privado. —Hasta donde pude. —¿Qué le impidió continuar?
—El tribunal superior decidió mandar una parte de la causa a Comodoro Py.
—Hace dos meses la causa se reabrió. De lo contrario, iba camino a la impunidad.
—No exactamente. Una