Derechos humanos: Amnesty se preocupa por represión de protestas
Libertad de expresión y protesta social. Amnistía Internacional ha documentado casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las diversas agencias de seguridad en contexto de manifestaciones públicas, incumpliendo su deber de proteger a quienes ejercen su derecho a manifestarse de forma pacífica. El 7 de diciembre de 2010, en el contexto del acampe de 1.500 familias en el Parque Indoamericano, dos personas fueron asesinadas y cinco fueron heridas por integrantes de las fuerzas de seguridad en el marco de un conflicto generado por problemáticas que afectan derechos humanos, como el déficit estructural de viviendas. El 26 de abril de 2013 la Policía Metropolitana, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprimió a trabajadores y pacientes del hospital Borda, así como a periodistas y otros individuos que se aproximaron al lugar para protestar contra la demolición del Taller Protegido Nº 19. Más de cincuenta personas resultaron heridas debido a la intervención policial. Los hechos sucedieron tras las medidas de desalojo y demolición que se llevaron adelante pese a la existencia de un proceso judicial en curso y una medida cautelar ordenada por la jueza de la causa. El 23 de agosto de 2014, en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, allanaron y desalojaron de mane- ra violenta e indiscriminada a los ocupantes del predio Papa Francisco de Villa Lugano. Según indicaron informes públicos, seis personas fueron detenidas, y varias más resultaron heridas, entre otras cosas por balas de goma, a consecuencia de la actuación de los oficiales de seguridad. Fueron removidas y destruidas casillas y viviendas que habían sido levantadas desde el mes de febrero, cuando el terreno fue ocupado. Ese mismo año, se reanudaron en el ámbito del Congreso de la Nación debates restrictivos alrededor de la regulación del derecho a la protesta social y varios proyectos fueron debatidos en comisión, como respuesta del gobierno a los distintos cortes de tránsito y los reclamos (Proyecto de Ley, “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, Expte 2544-D2014, Trámite Parlamentario 027 (15/04/2014).
El 24 de agosto de 2015, las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán reprimieron de manera violenta a quienes se manifestaban pacíficamente para reclamar por las irregularidades en las elecciones provinciales. Según informes, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza, utilizando gases lacrimógenos de forma indiscriminada y balas de goma, que atentaron con la integridad física de quienes protestaban. El 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional reprimió de manera violenta a