Especialistas coinciden en que es urgente cambiar la ley penal juvenil
Más allá de la grieta que se abrió a partir de la intención oficial de bajar la edad de inimputabilidad, cuatro expertas acuerdan en que una de las deudas sociales de Argentina es el tratamiento de la delincuencia en menores y el rol del Estado.
El reanuncio del Gobierno sobre la baja de edad en el régimen penal juvenil otra vez desató una discusión entre quienes están a favor de llevar de 16 a 14 años la franja de inimputabilidad y quienes dicen “no a la baja”. El año pasado, el Ministerio de Justicia y Unicef habían convocado a diferentes actores sociales a “mesas temáticas” para analizar ocho ejes de la problemática. Hubo una primera reunión. Luego, Unicef emitió un documento donde argumentó su oposición. Pero a fines de diciembre, el asesinato de Brian Aguinaco volvió a encender el debate. PERFIL consultó a cuatro expertas, que analizan aspectos del régimen juvenil, la vulnerabilidad infantil y el debate. Coinciden en una política pública integral con derechos según parámetros internacionales. También en un enfoque multidisciplinario. Y además, en que es una deuda social. Pero no coinciden en que la baja sea el eje. Detrás del polarizado “sí-no”, hay más consensos que disensos.
Laura Mussa es abogada, ex diputada nacional, fue asesora tutelar general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es directora de Fundación Sur. María Elena Naddeo es directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diana Fiorini es, además de abogada, directora de la Defensoría del Niño del Colegio de Abogados de San Isidro. Y Gladys Pérez, docente, magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad (Untref ), orientada a Educación en Contextos de Encierro y Derechos Humanos.
—¿Considera que se debe modificar la ley 22.278 que rige los procesos penales juveniles?
MUSSA: Estamos trabajando desde hace veinte años para que dentro de un nuevo sistema haya ley nueva y Justicia especializada. No puede haber “masomenismo” ni “lo dejo a tu criterio”. Esa ley es inconstitucional. La firmó Jorge Rafael Videla cuando no regía la Constitución. Permite que el juez “disponga del menor en instituciones que él considere”. No existe en ningún sistema democrático de derecho la privación de libertad por parte de una autoridad, si no es en virtud de una sentencia que haya corroborado un delito.
NADDEO: Hay acuerdos en todo el país. Los sectores políticos aceptan un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, donde la privación de la libertad sea el último recurso. Hay acuerdo pleno en la franja de 16 a 18 años, que es punible y está mal tramitada. Se viene discutiendo mal desde hace años y se lo planea en términos incorrectos.
FIOR INI: La Cor te Interamericana y la Cor te Suprema dijeron que el actual sistema no sir ve. Tenemos
“El año pasado, Unicef y el Ministerio de Justicia llamaron a hacer mesas para analizar el tema. Unicef se opuso al cambio.”
que evaluar cada medida y cómo llamamos a cada cosa para que se entienda y cumpla. Si vamos a tener un régimen según la Convención, debemos reconocer que el niño es responsable en cierta medida y progresivamente, y necesitamos categorías interdisciplinarias. Deben partir de la característica de la población. En Paraná (Entre Ríos), el sistema penal juvenil se integró a la municipalidad y la comunidad. Si alguien tiene (libertad) condicional y lo ven dando vueltas, avisan. El compromiso de los funcionarios, la gente y los antropólogos sociales ayuda a entender.
PEREZ: El problema es de política pública, y no de un código penal. Hay multiplicidad de factores que hacen a una política pública.
—¿Cuál es su opinión sobre la baja de edad en la imputabilidad penal?
M: Decimos que ese límite es 14. Es priorizar a quienes
no han estado en infracción penal. Hay antecedentes donde se aplicó la ley de responsabilidad penal juvenil y quedaron 40 de los 400 chicos internados. Yo no quiero una sociedad donde un chico delinca y le digan “eso está bien”. Yo quiero que comprenda que eso está mal.
—Si damos vuelta el enfoque y decimos que bajar la edad es someter a los niños a juicio a edades en que no llegan a comprender lo que eso significa, ¿qué opina?
M: Eso es algo con lo que no coincido. Los chicos sí tienen capacidad. Eso es lesivo para un niño. Pensar en bajar la edad únicamente es equivocado. Los que dicen “no a la baja”, y hacen como en Brasil o Uruguay, hablan a nadie. En Argentina, ni la derecha más rampante propone que entren al Código Penal de adultos.
F: Todavía no está claro y no puede haber algo a medias. Es sí o no. Debemos pensar cuáles son los objetivos de la ley. Cuando cambió la reglamentación en la provincia (Buenos Aires), observamos que los chicos con causa penal no identificaban a todos los acto- res del proceso. Preguntamos quién era para ellos la ley y señalaron a la policía. A nivel normativo, la policía no puede apresarlos sino en ciertas condiciones, ni tomarles declaración. Cuando pensemos qué hacemos con los pibes, tenemos que ver qué hacemos con la policía con los pibes”.
N: El eje no es bajar la edad de imputabilidad de los chicos, sino pensar en políticas activas de prevención. Queremos “no-más-muertes” ni delitos con niños de 14 o 15 años involucrados.
P: ¿Desde dónde y para qué? El Estado está acompañado por la sociedad. La baja contraría el art. 34 del Código Penal (imputar a quien comprende) y pueden bajar edad, pero no acelerar maduración.
—¿Modificar la reglamentación formaría parte de una deuda social con la infancia?
N: La aplicación de la Convención aún está inconclusa. Tenemos todavía una deuda social, penal y de prevención, en chicos con vulnerabilidad social. Existe una deuda del Estado y de toda la comunidad porque somos corresponsables.
P: Sí, considero que hay una deuda social e insisto en que no hay políticas integrales. No hay transversalidad de enfoque en medidas y herramientas para el desarrollo integral de la infancia. Ahí está la deuda.
F: Cuando decimos que las leyes deben desprenderse del cuerpo social, deben incluir a la sociedad, al niño y a las víctimas. Con adolescentes que vienen con enormes faltas a nivel social. Todos tienen derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.
M: Es una deuda democrática con la adolescencia. Se los priva de libertad sin debido proceso, sin las mínimas garantías constitucionales que
tenemos los adultos. La deuda es que los jóvenes menores de edad están fuera de la CN y la CND.
—¿Cómo definiría la situación que enfrentan niños y adolescentes actualmente?
P: En menores de 16 años, la parte frontal del cerebro está en desarrollo, por eso transgreden. La marginación vulnera estadios de socialización. Si la protecciónnutrición es insuficiente, hay una primera deuda con ese sujeto. Una estimulación temprana ayuda, pero si no hay registro empieza la segunda deuda, que daña garantías primarias.
N: No hay una política pública nacional para ir al encuentro de los chicos. Hay que prevenir, no castigar.
F: Ciertos chicos entienden la violencia delictiva como forma de poder, de tener una actividad económica.
M: Intervine en Río Negro para limitar a la policía. La sospecha “morocho con mochila” no es válida. Represión como protección es inconstitucional. A mí, si me ven desprotegida, no quiero que me venga a proteger la policía.
“El plan es ejecutar una nueva etapa después de haberse concentrado tanto y tan intesamente en el enfrentamiento con el gobierno de Cristina.”