Casi $ 20 mil millones le costará al Gobierno la paz social preelectoral
El Ejecutivo nacional debería desembolsar unos 19 mil millones de pesos para lograr la paz social y llegar aliviado a las elecciones legislativas. Los otros puntos que le exigen a Macri.
Es lo que le demandarán los acuerdos con los gremialistas, la ley de emergencia que alcanza a piqueteros y la resolu- ción del conflicto salarial con los maestros. Ayer fue otro día de cortes sorpresivos y caos en la Ciudad.
Movilizaciones, piquetes, paros docentes y el anuncio de la primera huelga general contra el gobierno de Cambiemos. Estos elementos componen un cuadro de conflictividad que las autoridades nacionales adjudican a un plan de desestabilización orquestado por el kirchnerismo. Para los dirigentes gremiales y sociales que lideran las protestas -que en su enorme mayoría no están alineados con el kirchnerismo- la agitación en las calles tiene otra razón: el cúmulo de promesas incumplidas por la administración.
En un año electoral, los reclamos van desde la ejecución de los fondos previstos en la Ley de Emergencia Social, que suman unos diez mil millones de pesos este año, hasta la efectiva implementación del acuerdo anti-despidos, asumido por empresarios como parte del “Diálogo para la Producción y el Trabajo”. Dentro de los fondos comprometidos y retenidos por el Gobierno, se encuentran otros $4.500 millones destinados a las obras sociales sindicales. El conflicto con los docentes significarían para el Gobierno otra negociación por unos $4.400 millones adicionales para este año (ver página 4).
En el caso de las organizaciones sociales, y en especial el denominado Triunvirato de San Cayetano (integrado por la CTEP, Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie), el reclamo central es la implementación plena de la Ley de Emergencia Social. La norma, aprobada en diciembre, debía ser implementada de manera inmediata, o al menos esa es la promesa de la que dan cuenta los dirigentes. Según el acuerdo alcanzado en el Congreso, la previsión era que se liberarían unos 30 mil millones de pesos en 3 años. Además, se pasaría de un esquema de asistencia social a la modalidad de un salario social complementario. El proceso requiere, además de la liberación de los fondos por Hacienda, un proceso de empadronamiento y transición desde la multiplicidad de programas al esquema de salario social.
La previsión original era comenzar a discutir estos puntos en enero y la expectativa era que en febrero se iniciaría la ejecución. Pero los tiempos se estiraron y la ley recién fue reglamentada en el Boletín Ofical hace una semana. Además, el índice de pobreza e indigencia que elabora la UCA mostró que en el último año creció en 1,5 millones el número de pobres, que alcanza el 32,9%.
“No están ejecutando la compra de leche desde diciembre y se habían comprometido a elevar la asistencia a los comedores de 8 pesos a 13 pesos en diciembre, y aún están dando 8 pesos”, explicó a PERFIL Emilio Pérsico, dirigente de la CTEP y el Movimiento Evita. Las autoridades, explica Pérsico, explican que hay “problemas administrativos” para llevar adelante las promesas.
El miércoles, las tres principales organizaciones sociales implementaron una medida nacional de protesta, con cerca de 1000 ollas populares y cortes a lo largo del país. Un día después, estaba prevista la reunión del Consejo de la Economía Popular, creado por la Ley de Emergencia, pero el Gobierno pidió postergarla
una semana. “Hemos decidido darle tiempo al Gobierno para que haga una propuesta y hacer una asamblea el sábado 25, donde definiremos cómo sigue nuestro plan”, apuntó Pérsico.
Gremios. En la misma semana, los sindicatos anunciaron la fecha del primer paro general para el próximo 6 de abril. La medida cuenta con la adhesión unánime del Consejo Directivo de la CGT y ya sumó a las dos CTA y agrupaciones sindicales de izquierda. El triunvirato de conducción, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, hizo hincapié en las promesas incumplidas por el Gobierno.
En el tope de la lista está el incumplimiento del pacto anti despidos. Los principales empresarios se habían comprometido a no despedir hasta marzo, pero durante el verano se sucedieron suspensiones y despidos en numerosas fábricas y plantas. El problema también es económico, como explicó Acuña: “Antes de las Fiestas se comprometieron a colaborar con la paz social no habiendo despidos ni suspensiones y teniendo que cumplir con un bono mínimo que no han cumplido en la mayoría de los gremios”.
Como ocurre en el caso de los movimientos sociales, los incumplimientos también incluyen falta de aporte de fondos comprometidos. En el primer año de Gobierno, se acordó un paquete para devolver a las obras sociales sindicales un aporte que había sido retenido durante la gestión kirchnerista, a pesar de que es descontado de los salarios. Parte de ese compromiso era liberar 4.500 millones de pesos para asistir a obras sociales con proyectos. Según pudo confirmar este medio, de fuentes sindicales y oficiales, hasta ahora no se ha liberado un solo peso.
Entre los reclamos de la CGT está el incumplimiento del pacto antidespidos