‘Narcopolicías’: el comisario preso por el escándalo en Itatí tenía diploma de honor
Diego Ocampo Alvarenga había sido reconocido por su acción en favor de la seguridad pública. Dos de los policías de su círculo más cercano fueron detenidos el mismo día que él. Roles y vínculos con las bandas.
En un pueblo como Itatí, con unos 8 mil habitantes y poco más de cien manzanas, los rumores corren tan rápido como el agua. Acá se conocen todos. Desde el cura de la Basílica de la Virgen hasta el sereno de la estación de servicio de la avenida 25 de Mayo. Y eso alimenta los secretos de una ciudad que vivía a la sombra del narcotráfico.
Hasta el abogado defensor del viceintendente Fabio Aquino –uno de los 23 detenidos en la causa– reconoce la problemática: “El juez Torres descubrió que el narcotráfico estaba encarnizado en Corrientes”, reconoció ayer después de las indagatorias (ver aparte) en las que su cliente se declaró tan inocente como el jefe comunal Natividad “Roger” Terán.
La causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 destapó un escándalo pocas veces visto pero también dejó al descubierto la otra pata del poder: los “narcopolicías” que operan a la sombra de los capos y miran para otro lado.
En los 47 allanamientos realizados la semana pasada en distintos puntos del país –32 de ellos en Itatí– fueron detenidos seis integrantes de distintas fuerzas de seguridad. Desde el jefe a cargo de la única seccional del pueblo hasta un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Según los investigadores, todos cumplían un rol específico en la rueda de encubrimiento.
El comisario Diego Ocampo Alvarenga (50), alias “Negro”, llevaba varios años al frente de una comisaría que atendía casos menores. Aunque vivía en la localidad de San Cosme, a unos 30 kilómetros de Itatí, se jactaba de conocer muy bien el lugar. Contaba con una buena reputación, y hasta había sido distinguido –hace más de tres años– con un diploma a la “Actitud policial”.
Incluso, llegó a sortear la crisis de seguridad más gran- de que vivió el pueblo el año pasado, cuando un joven de 23 años fue asesinado a tiros, en un presunto ajuste de cuentas vinculado al negocio de las drogas. Fue en julio del año pasado, cuando los vecinos rodearon la seccional y reclamaron la salida del jefe policial. Pero nada de eso sucedió. De hecho, el propio intendente Roger Terán se esforzó por dejarlo bien parado cuando en los medios locales salió a minimizar el homicidio, cambiando la pista narco por una simple discusión entre conocidos.
Esa noche –la de la marcha–, los vecinos no sólo exigieron justicia y seguridad: también reclamaron la salida del comisario con mensajes en los que lo acusaban de “corrupto”. La movilización desató una “minicrisis” provocando algunas salidas de la seccional. Sin embargo, Ocampo Alvarenga siguió ocupando el mismo despacho que hasta entonces.
Entre los seis policías detenidos en la misma causa, figuran dos de su círculo más cercano: el sargento Mario Molina (33) y la cabo Gabriela Quintana (29), ambos con domicilio en la ciudad de Itatí.
La sospecha de los investigadores es que tenían línea
directa con las tres organizaciones que ingresaban la droga por el río Paraná, en la frontera con Paraguay.
Además, un testigo de identidad reservada apuntó contra la Policía Federal. Dos efectivos de la Delegación Corrientes, el subcomisario Rubén Ferreyra (44), alias “Gordo”, y el sargento Carlos López (39) fueron detenidos el mismo día que Ocampo Alvarenga. Para completar el círculo de contactos en la fuerza, también cayó un miembro de Gendarmería: Fernando Gabriel Alcaraz (37), un segundo comandante que cumplía funciones en Jesús María, provincia de Córdoba.