Según el CELS, en Venezuela hubo un ‘golpe institucional’
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una referencia en América Latina en materia de derechos humanos y democracia, advirtió que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que se arroga los poderes del Poder Legislativo constituye un “golpe institucional” que significa un “grave retroceso para las democracias en la región”.
A través de su cuenta en Twitter, la ONG argentina, presidida por el periodista Horacio Verbitsky, agregó que “esperamos que no se profundice el quiebre (en Venezuela) con una avanzada represiva, que se respeten los derechos humanos y las libertades públicas”.
Las definiciones del CELS se inscriben en los esfuerzos de observadores y analistas para hallar el rótulo correcto para lo que ocurrió el jueves en Venezuela. Hay quienes hablan de “autogolpe” y establecen así un paralelismo con la deriva autoritaria del Perú de Alberto Fujimori. Algunos dirigentes de la oposición venezolana hablaron directamente de “golpe de Estado”. Otros optan por el título de “golpe judicial”, debido a que fue el TSJ el que dio el zarpazo contra el Parlamento. Algunos países evitaron utilizar la palabra “golpe”, pero condenaron la “ruptura” o “alteración” del orden constitucional venezolano.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia y advirtió que éstas “constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”.
En un comunicado difundido desde Washington, la CIDH urgió al gobierno venezolano a “respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la Constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de derecho”. A la Comisión le preocupa que en Venezuela se vio afectado el funcionamiento independiente de los poderes públicos y la “participación en la vida política en el país”.
Desde la cárcel, el dirigente opositor preso Leopoldo López se acopló a la presión internacional contra el gobierno de Maduro y afirmó que el fallo del TSJ “decretó formalmente la dictadura que desde 2014 hemos denunciado en Venezuela”.
La reacción de López fue difundida por su esposa, Lilian Tintori, quien anteayer estuvo en Buenos Aires y se reunió con el presidente argentino, Mauricio Macri. López también solicitó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que supondría su expulsión del organismo multilateral americano.
La CIDH avirtió que hubo una “anulación de facto del voto popular”