Con nuevas pruebas, evalúan solicitar el desafuero de De Vido
Julio De Vido volvió a quedar en la cuerda floja. El fallo de esta semana de la Cámara Federal dejó al juez federal Luis Rodríguez a punto de reactivar un pedido de desafuero y detención para el ex ministro de Planificación kirchnerista por la causa los sobreprecios que se pagaron en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio. Rodríguez también estudia si ordena una treintena de arrestos. En la lista aparecen el ex mano derecha de De Vido, Roberto Baratta; el actual intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio como Fernando Lisse o Miguel Larregina, a quienes la Cámara Federal les revocó la eximición de prisión.
Según indicaron a PERFIL fuentes judiciales, Rodríguez habría aprovechado estos dos meses de tregua –desde el 4 de julio cuando el fiscal Carlos Stornelli pateó el tablero en la causa de Río Turbio, con pedidos de desafuero y detención, hasta esta semana que la Cámara Federal analizó el caso y ordenó avanzar con las citaciones–. Así, en silencio, recolectó pruebas sobre el desvío de casi 265 millones de pesos que debían invertirse en la reconversión de la mina de carbón en Santa Cruz. Y, de paso, evaluó el escenario judicial y político de De Vido, al que –desde entonces– le llo- vieron procesamientos, indagatorias e incluso la citación a sentarse en el banquillo del juicio oral por la tragedia de Once, el próximo 27.
Fuentes consultadas dijeron a PERFIL que hace una semana Rodríguez pidió el expediente principal que estaba en poder de la Cámara Federal, analizando la apelación de Stornelli. “Si pidió la causa es porque ya tenía pensado hacer algo”, comentaban a este diario en los pasillos de Comodoro Py. De todas maneras, el juez tuvo que esperar a que la Cámara lo conminara a apurar las indagatorias.
Fue ese fallo el que dejó hablando al mundillo político que sigue los movimientos judiciales. Y hubo una alarma generalizado para los acusados de corrupción por el voto del juez Martín Irurzun. El presidente de la Cámara Federal exhortó a un cambio de criterios a la hora de evaluar detenciones.
Según sostuvo Irurzun, los jueces ya no pueden basarse sólo en el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la causa, sino que deben actuar “con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan” y considerar “los vínculos personales, laborales o políticos” de los imputados “con aquellos que –tienen o mantienen– la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones”.
Tras el fallo de la Cámara, el juez podría ordenar una treintena de arrestos.