Impulsan un contrato con una firma vinculada a la CIA que espió en el país
Se llama Palantir y formó parte de un proyecto acusado de operaciones de espionaje por la cuestión Malvinas. Busca ganar una licitación para digitalizar archivos sobre el atentado.
Los archivos secretos de la causa AMIA vuelven a ser el centro de una fuerte polémica. En este caso, porque una empresa financiada por la CIA, que participó en una operación de espionaje británico contra la Argentina, figura entre las interesadas en intervenir en la investigación por el atentado. Por iniciativa del Ministerio de Modernización, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Justicia, la firma mostró sus productos a los investigadores del caso AMIA, según confirmaron cinco fuentes independientes.
Familiares y amigos de víctimas de la AMIA organizados en Apemia denunciaron esta semana que el Ministerio de Justicia está elaborando una licitación “direccionada” para favorecer a la firma Palantir. Apuntaron a la Unidad Especial de Investigaciones (UEI AMIA), que dirige Mario Cimadevilla y depende del ministerio que comanda Germán Garavano, como el impulsor de este proyecto, en colaboración con la cartera de Modernización de Andrés Ibarra.
Este medio pudo confirmar que Modernización organizó reuniones para que Palantir muestre sus productos. El 13 de abril, un directivo norteamericano de la firma realizó una “demo” ante los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA (UFI AMIA), quienes mostraron preocupación porque están en juego archivos secretos. La invitación fue realizada desde Justicia. Los productos informáticos fueron mostrados también a otras instancias sensibles del Estado, como la Unidad de Información Financiera (UIF).
De concretarse los negocios con Palantir, una firma que participó en espionaje contra el país, y que tiene contratos en el orden de miles de millones de dólares con agencias de inteligencia norteamericanas y británicas, accedería a los datos más sensibles que tiene el Estado.
Palantir elaboró un software utilizado en el proyecto de espionaje que sacó a la luz Edward Snowden, una iniciativa de alcance global creada por las agencias de espionaje de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Como parte de este proyecto, facilitado por los productos de Pa la nt i r, hubo operaciones de espionaje contra la Argentina por la cuestión de Malvinas, como demostró una investigación conjunta de The Intercept y Todo Noticias en 2015.
En diálogo con PERFIL, Cimadevilla admitió que la empresa es una de las posibles proveedoras y que su nombre surgió, junto a otras como SAP y Oracle. Sin embargo, descargó responsabilidades al indicar que no tuvo “ningún contacto con empresas” y aducir que su dependencia “no cuenta con el personal y el presupuesto para realizar una licitación” y que ésta depende de Modernización y el ministerio que integra.
Apemia realizó un pedido de información pública para acceder al expediente administrativo del concurso público internacional. Allí, el departamento de legales de Justicia indicó que se estima que la contratación tendrá un costo de US$ 1.900.000. También muestra que el intercambio de documentos entre la UEI AMIA y el departamento jurídico del Ministerio generó chispazos internos, en coincidencia con lo que reveló esta semana Infobae. El objeto del concurso es la contratación de un “servicio de investigación, análisis, consultoría, capacitación y soporte” en el caso AMIA. En el intercambio interno se observan cuestionamientos jurídicos a los borradores del proyecto presentados por Cimadevilla. Ante la consulta de este medio, el funcionario replicó: “El trámite administrativo no lo hacemos nosotros, no tengo presupuesto ni equipos técnicos para hacer el pliego; tampoco voy a ser yo quien decida que se contrate a una u otra empresa”.
En abril, un directivo de la firma realizó una “demo” ante los fiscales del caso