Costo argentino
Uno de sus alumnos le escribe desde el Apple Store de Madrid: necesita un certificado de regularidad para poder comprarse una MacBook Pro con un diez por ciento de descuento para estudiantes universitarios. Además, por poder certificar esa misma condición le regalan unos auriculares inalámbricos de última generación valuados en trescientos euros.
No sabe bien cómo responder a ese reclamo, porque los asuntos administrativos por lo general lo abruman. Uno de sus compañeros de trabajo levanta la vista del libro enmohecido que ha estado leyendo y contesta: con presentar una dirección electrónica finalizada en edu.ar alcanza. Se sorprende de ese saber que su
No sabe cómo responder a ese reclamo: los asuntos administrativos lo abruman
compañero ha escondido celosamente para sí y lo atribuye a su inclaudicable heterosexualidad, que de cualquier cosa hace un secreto a guardar.
Como el alumno no conoce las ventajas internacionales de usar una dirección electrónica de esas características, todo vuelve a fojas cero. Le pregunta al alumno a quién deberá presentar el presunto certificado. “A nadie”. Basta con que la vendedora lea la constancia adjunta a un mensaje de WhatsApp.
Firma un confuso párrafo y lo transforma en PDF. En minutos, su alumno ha hecho la transacción afortunada, a la que sumará la devolución del IVA, por su condición de extranjero. Su ánimo se divide entre la satisfacción ante esta nueva actualización de la picardía criolla (que le permitirá a un estudiante volver de su viaje con una máquina un cuarenta por ciento más barata que lo que le hubiera salido en Argentina) y el fastidio ante el “ser nacional”: la empresa que distribuye oficialmente productos de Apple en Buenos Aires es una cueva de estafadores que no sólo ignoran el concepto “descuento a estudiantes” sino que son capaces de retener durante meses una máquina que necesita servicio técnico por no abastecerse de repuestos.
El costo argentino debería deducirse de las declaraciones impositivas.