El Gobierno y la CGT buscan frenar juicios contra obras sociales
Las cuestiones judiciales como intervenciones a gremios, procesos por lavado o extorsión y causas vinculadas con investigaciones de la AFIP generan tensión entre el mundo gremial y el oficialismo. Sin embargo, una cuestión que se discute también en los tribunales fue un eje clave del renovado entendimiento entre la CGT y el Gobierno. Son los juicios contra obras sociales y los amparos que los obligan a prestar servicios de salud extraordinarios.
Los amparos judiciales mantienen en alerta a las obras sociales sindicales, por una serie de definiciones que los obligaron a cubrir tratamientos extraordinarios a partir de la demanda de afiliados. Un gremio, por ejemplo, fue obligado a través de una decisión judicial a ofrecer un costoso tratamiento de equinoterapia para asistir al hijo de un afiliado.
Otro caso que se toma como ejemplo es el de un sindicato al que se le obligó a pagar una casa para un afiliado con limitaciones de movilidad. “Nosotros ganamos al final la pelea de fondo, pero mientras estuvo el amparo vigente debimos pagar el alquiler; estos son costos que impactan muy fuerte en las cuentas de la obra social”, explicó a PERFIL el secretario general de ese gremio, quien pidió reserva.
Esta cuestión está en la agenda de diálogo iniciada con la gestión Cambiemos, a través del superintendente de Servicios de Salud saliente, Luis Scervino, cercano a Luis Lingeri, titular del gremio de AySA y especialista en las cuestiones sanitarias. Pero se retomó el diálogo con Sandro Taricco, nuevo responsable de la SSS, tras los días de tensión que se vivieron por la marcha de la CGT a Plaza de Mayo y la amenaza de un segundo paro general.
A partir de los nuevos acercamientos, se tomó a las obras sociales como un eje central de acuerdo. También se estableció el compromiso en avanzar en una solución para frenar los amparos que afectan con costos millonarios a las obras sociales. Es parte de un paquete de acuerdo que permitió retomar la paz sindical y evitó más medidas de fuerza, tras los despidos de dos funcionarios cercanos al sindicalismo de la administración nacional (Scervino y el ex secretario de Trabajo Ezequiel Sabor).
El compromiso gubernamental es acelerar la creación de una agencia que regule los servicios y prestaciones. El objetivo es que la misma sirva como referencia para las acciones judiciales, ya que ahora se dan definiciones con criterios muy desparejos, con el consecuente costo para las obras sociales cuando un amparo las obliga a comenzar las erogaciones antes de la definición judicial de fondo. Desde la CGT, en tanto, se comprometieron a prestar su acuerdo para que se lance la Cobertura Universal Salud (CUS), un ambicioso programa que se financiará con unos 8 mil millones que salen de la deuda que acumuló el Estado durante la era kirchnerista con las obras sociales.