Cancillería ultima su defensa del biodiésel frente a Europa
El miércoles vence el plazo para responder el primer cuestionario enviado desde Bruselas. Peligra el único mercado millonario.
El próximo miércoles 14 de febrero vence el plazo para que Cancillería responda al primer cuestionario enviado por la Unión Europea por una denuncia de los productores locales contra el biodiésel argentino. Siguiendo la doctrina Trump, que ya frenó con aranceles astronómicos las exportaciones de este insumo, acusan al gobierno nacional de subvencionarlo para ganar competitividad en el mercado europeo.
El documento es muy similar al que enfrentaron meses atrás por obra de Washington, previo al arribo de las misiones técnicas de la Secretaría de Comercio. Busca dilucidar si los productores locales reciben algún tipo de auxilio estatal, sea mediante subsidios o exenciones. Para ello, demandan datos sobre cantidades y precios de la producción del poroto de soja, materia prima del biodiésel, pero también del aceite y el combustible en sí.
En la calle Esmeralda ultiman los números con la ayuda de Agroindustria, Energía y la AFIP. Afirman que la medida no los tomó por sorpresa, si bien no deja de ser llamativo que el biodiésel no formaba parte de las fricciones en la negociación de librecomercio con el Mercosur, como sí sucede con las carnes argentinas o el bioetanol brasileño. Las expectativas son bajas. Saben que no será el mejor regalo del Día de los Enamorados para Bruselas, aunque esperan que baste como prueba de amor.
Lo que el Gobierno intenta evitar es que los europeos vayan a fondo con la doctrina Trump y cierren el único mercado millonario que le resta al biodiésel argentino tras el bloqueo del estadounidense, y el único capaz de compensar esa pérdida. En 2017, la Casa Blanca le interpuso un muro del 72%. Lo acusó de competencia desleal, por dumping y subsidios encubiertos.
Para no quebrar el alineamiento político –y perjudicar otras negociaciones comerciales sobre limones, carne y el reingreso al sistema general de preferencias–, desde el Gobierno eligieron no apelar la medida ante la Organización Mundial del Comercio, tal como habían hecho exitosamente con Europa en 2013. Aquella vez había sido una denuncia solo por dumping. Lo que algunos advirtieron entonces fue que el precedente de no apelar tampoco la acusación de subsidios podía abrir la puerta a una nueva arremetida desde el otro lado del Atlántico.
En la Casa Rosada, piensan en los europeos como una contraparte “más racional”. Por supuesto que no en público, ni en voz alta. Y aunque no descartan una nueva imposición de aranceles, confían en que no tendrá el poder devastador del proteccionismo de Trump. Incluso barajan un 24% de impuesto como esti- mativo, en base al que había impuesto cinco años atrás y que luego debieron desmantelar al perder un panel arbitral con la Argentina en la OMC. Frente a esa hipótesis, que no podría darse antes de mitad de año por los plazos procesales del expediente, no existen las mismas dudas en el gobierno nacional respecto de litigar.
En la Rosada piensan que en Bruselas son más racionales que Donald Trump