Por el subsidio.

Monseñor Aguer defendió el apoyo estatal. “Las limosnas son miserables”, dijo.

Los más de $ 130 millones que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado para financiar a los obispos todavía despiertan polémica y resintalaron el debate sobre sus fuentes de financiación. Las reacciones fueron varias: desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) optaron por llamarse a silencio, aunque el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, salió a defender las subvenciones porque “las limosnas son miserables”.

El arzobispo platense, en una entrevista con radio Continental, aseguró que “hay una deseducación (sic) en los fieles católicos que no aportan. Uno se fija en lo que es la limosna en la misa, en el momento del ofertorio se hace una colecta, esa colecta suele ser miserable”. Según averiguó PERFIL, hay un fuerte malestar con Aguer en la CEA. “Cada vez que habla, empeora las cosas”, dicen en el edificio de la sede de la calle Suipacha.

Desde la Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería, defendieron el giro de fondos a la Iglesia: “Los $ 130 millones son apenas un 7% de lo que maneja. Tampoco es un sueldo”, afirman. El resto del dinero sale de las contribuciones de los fieles. En definitiva, la asig- nación es constitucional según indica la Ley N° 21.950 que establece que tendrán una “asignación mensual equivalente al 70% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de Primera Instancia hasta que cesen en dichos cargos”. Si se tiene en cuenta el sueldo de un magistrado de esas características que ronda los $ 100 mil, deberían cobrar aproximadamente unos $ 70 mil. No obstante, la cifras que perciben son diferentes: los diocesanos cobran $ 46.800; los auxiliares: $ 40.950; los eméritos: $ 40.950 y los administradores apostólicos: $ 46.800.

El recorrido de las asignaciones es así: la Secretaría de Culto le gira todos los meses fondos a la Conferencia Episcopal y esta se encarga de distribuirlo por las diferentes diócesis en todo el país mediante depósitos bancarios. En algunos casos, los fondos los manejan los episcopados y en otros casos, el propio obispo. De allí depende el funcionamiento y la logística de cada iglesia, que tienen cierta autonomía económica. De aquel importe no se paga ganancias ni IVA y tampoco se emite un “recibo de sueldo”.

El monseñor Sergio Buenanueva, de San Francisco, Córdoba, en diálogo con este medio, dio su parecer: “El dinero lo empleo así: con un 15% le pago a una empleada doméstica, el 70% pasa íntegro al obispado y el 15% restante queda para mis gastos personales. El año pasado me he comprado una computadora, cargo nafta en mi camioneta Peugeot Partner, compro revistas y puedo comer alguna pìzza con algún colega. Nada más”.