El lado invisible de una ciudad aparente
Reasignar el 65% del espacio vacante de la cárcel para espacio verde es un plus ambiental que apunta a su redistribución progresiva: son segmentos sin opciones privadas como clubes o countries, quienes más uso le darían. Muchos vecinos saludan la revalorización de suelo y de un paisaje de convivencia con la inseguridad y los ruidos. Pero el “terreno está abonado” para que el sueño inmobiliario de extender el norte “coqueto” del antiguo barrio desde su corazón (Plaza Arenales) a su sur, del otro lado de la avenida Beiró, medre a expensas de gentrificación: inquilinos o comerciantes desplazados por el incremento del valor del suelo. En este sentido el 35% del terreno para edificios debería compensar con líneas de crédito blando o alquiler social a potenciales perjudicados. Se dirá que es legítimo y realista con tan alta tasa de interés, para racionalizar el gasto público, financiar cambios con recaudación devenida de venta de terreno y desarrollo privado. Pero su valor en cantidad de salarios medios para su compra y una ociosidad superior al 30% prueba que esta producción de suelo es especulativa y que, lejos de paliar su déficit para vivienda o alquiler, se realiza en un “universo paralelo” como renta para pocos. Amén de su impacto ambiental, que le aumenta el gasto que se pretende combatir, aun a la gestión más insensible. El Gobierno parece compartir el paradigma del paisaje urbano como reflejo fiel de relaciones sociales, y manipulando su apariencia modifica lo que lo produce. No está solo. En tiempos de Alfonsín se dijo que el traslado de la Capital descomprimiría presión política, erosionando la fuerza de un sitio emblemático de reclamo (Plaza de Mayo) al alejar a mil kilómetros a sus destinatarios. La dictadura fue el mejor alumno de ese paradigma con la remoción de las villas de la ciudad. Bajo la eufemística denominación de “deslocalización del conflicto social” se pretendió invisibilizar lo que no luce bien. Pero “la naturaleza se abre paso”, y la de la ciudad neoliberal también. La desigualdad salvaje de los 90 repobló CABA de villas y marcó una brecha entre una “urbanidad aparente” de casitas bien lucidas y la crisis socioeconómica de las familias que las habitaban.
El penal no salió de la nada. Estuvo allí antes de que Devoto, que supo ser cordón periurbano, pasara de las quintas a las casas y los edificios. Hoy, al- tos y descangallados muros no logran fundirse con un paisaje barrial al que le recuerdan lo que no desea ser. No existe correlación directa entre pobreza y delincuencia. La inmensa mayoría de pobres no delinquen. Sin embargo la inmensa mayoría detrás del muro es pobre. No vinieron de Marte. Son parte del barrio y de una sociedad que los expulsó. Habiendo nacido en la adversidad, la tienen más difícil. No merecen dádivas, pero sí que la política territorial admita la desigualdad que les niega la “mano invisible”, la que padecen desde el nacimiento y cercena su potencial. El macrismo que, aunque impulsado por un fallo adverso de un juez, actúa de esta manera en el caso del proyecto de integración de la villa Rodrigo Bueno, no ha dicho si, ni cómo, dará continuidad en la remota urbanidad de Marcos Paz al Centro universitario (CUD), o al de trabajo, que marcan una divisoria de aguas en las tasas de reincidencia entre reclusos. Ni una palabra sobre el costo de familiares de presos y presos, obligados a cambiar la accesibilidad del actual lugar por otro a 50 km del Congreso, lo que vale para empleados del penal y docentes. Cuando la infraestructura del Conurbano y la de sus cárceles en crisis expresan el desfase entre capacidad y necesidades, cabe debatir seriamente si el traslado no es mero negocio inmobiliario que barre “lo feo” bajo la alfombra, sin rasgar aquello que lo genera, que no hace a la ciudad más linda, pero nos mejora como sociedad.