Estado y religión: el debate
Días atrás, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó en la Cámara de Diputados el primer informe anual de gestión. Respondió más de 1.300 preguntas de amplísimo espectro temático, pero hubo un dato que despertó curiosidad, sorpresa y en algún punto indignación: el Estado nacional desembolsa cerca de 130 millones de pesos al año para el sostenimiento de la jerarquía episcopal. Este hecho no es nuevo. A pesar de los avances alcanzados en la reforma constitucional de 1994 no se modificó el artículo 2º de la Carta Magna: “El gobierno federal sostiene el culto apostólico católico romano”. Esta premisa opera de diversas formas y en distintos niveles. Uno de ellos corresponde al salario de obispos y arzobispos, equivalente al 80% del de un juez nacional de primera instancia (decreto ley 21.950), así como diferentes subsidios a sacerdotes en zonas de frontera (22.162) y a seminaristas (22.950). Las tres leyes fueron sancionadas entre 1979 y 1983, lo cual abre dos interrogantes. El primero es qué (no) hicieron los sucesivos gobiernos democráticos en este sentido; y el segundo es respecto de –nuevamente– la relación entre jerarquía católica y dictaduras.
Si el Estado sostendrá de esta forma la asignación monetaria a los obispos, entonces hay una relación directa entre el gasto público y el desarrollo de la territorialización institucionalizada de la Iglesia Católica en nuestro país.
El ámbito jurisdiccional donde se organiza pastoralmente la Iglesia se denomina circunscripción eclesiástica. Al frente se encuentra un prelado, que en el caso más común de las diócesis es el obispo. Todos los obispos de las diócesis del país se congregan de manera permanente en la Conferencia Episcopal Argentina, la cúspide de la pirámide institucional. En la actualidad existen 71 circunscripciones eclesiásticas, entre arquidiócesis, diócesis, vicariato (obispado castrense), exarcados, eparquías y prelaturas. La diócesis más antigua es la de Córdoba, creada en 1570, y las más recientes, Esquel y Oberá, ambas en 2009.
Ahora bien, si diferenciamos el tipo de Estado y las formas de gobierno a lo largo de la historia nacional, vemos que la creación de circunscripciones se intensifica notablemente en las etapas fuertemente autoritarias o directamente dictatoriales. Si bien tanto el nombramiento como la potestad de los prelados se encuentran regulados íntegramente por el Sumo Pontífice, no deja de llamar la atención esta coincidencia. Por ejemplo, hasta 1880 existían cinco circunscripciones, que se elevaron a once en 1916. Entre 1916 y 1930 no se produjo ninguna expansión, pero entre 1932 y 1943 se sumaron otras once, y entre 1955 y 1962 se crearon veinticinco territorios más. En los períodos 1963-1966 y 19731976 no cambió el mapa eclesiástico, mientras que en los períodos 1966-1973 y 1976-1983 se sumaron otras once circunscripciones.
Así, de 1880 al presente nos encontramos con la siguiente paradoja: mientras la razón democracia/dictadura en la his- toria argentina es de 2,18 (por cada año de dictadura hemos tenido 2,18 años de democracia), la razón circunscripciones creadas en democracia/circunscripciones creadas en dictadura es de 0,75 (por cada circunscripción creada en dictadura se creó 0,75 en democracia). De otra forma, a la vez que por cada año de democracia tuvimos 0,46 años de dictadura, por cada circunscripción creada en democracia se crearon 1,31 circunscripciones en dictadura. En resumen, durante veinticuatro años de dictadura cívico-militar desde 1880 hasta hoy (17% de la historia del Estado-nación moderno) se crearon 28 circunscripciones (42% del total).
Esta simple vinculación entre la expansión de la territorialización institucional eclesiástica y los ciclos políticos no hace más que comprobar, una vez más, la fuerte interpenetración entre la jerarquía eclesiástica y los regímenes autoritarios. Y nos da una clave adicional para entender la indignación general ante los números difundidos por Marcos Peña.