Rosario y una represión que duró décadas
La autora –al frente de un equipo de investigadores– reconstruye el accionar represivo del II Cuerpo de Ejército en las décadas del 60 y 70, antes y durante la dictadura. Detalles de la etapa más negra del terrorismo de Estado.
La dictadura de la “Revolución Argentina” (1966-73). La eclosión de la conflictividad social y política que se verificó en el año 1969 en la ciudad, con los denominados “rosariazos”, puede ser ubicada como el punto de inicio no solo de un período de creciente movilización y contestación social sino de la puesta en marcha de una escalada represiva cuyo eje fue primero la ciudad de Rosario, y más adelante, otras localidades de la provincia de Santa Fe.
En vista de los acontecimientos de mayo, la Junta de Comandantes presidida por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse declaró a Rosario “zona de emergencia”, y el comandante del II Cuerpo fue autorizado a ejercer el gobierno militar en dicha jurisdicción. A partir de la madrugada del 23 de mayo comenzó a actuar el Consejo de Guerra Especial en dependencias del Batallón 121 de Comunicaciones.
Lo que estaba sucediendo en esos días de mayo en Rosario tuvo un inmediato impacto a nivel nacional, no solo por la magnitud de la movilización social sino también por las medidas represivas adoptadas. Po- cos días después, el gobierno decidió crear tribunales militares especiales con la facultad de condenar a civiles acusados de cometer o instigar a cometer actos de violencia, extendiendo lo aplicado en Rosario a todo el país. Asimismo, la ocupación militar de la ciudad de Córdoba –que quedó a cargo del III Cuerpo de Ejército–, con el objetivo de reprimir las protes- tas masivas iniciadas el 29 de mayo, replicaba la metodología represiva utilizada en Rosario en los días anteriores.
En septiembre se produjo el segundo episodio de contestación social en la ciudad. La magnitud de los incidentes y la prolongación y la amplitud del conflicto, que nuevamente mostraba la ineficacia del accionar policial en la represión de las protestas, requirieron la intervención de Gendarmería (encargada de resguardar las instalaciones ferroviarias) y, como había sucedido en mayo, del Ejército.
Para reforzar a las tropas locales, cientos de efectivos pertenecientes al II Cuerpo llegaron desde Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, encargados de reemplazar a los gendarmes en el control y la seguridad de las instalaciones ferroviarias. Las crónicas periodísticas dieron cuenta de la enorme movilización militar, que llegó a totalizar unos dos mil hombres, así como de la instalación de baterías antiaéreas. (…)
Una de las líneas de acción impuestas por el régimen militar, a resultas de los hechos acaecidos en Rosario (1969) y Córdoba (1969-71) y de la actividad de las organizaciones armadas en varias ciudades del país, fue el reforzamiento de la legislación represiva. El correlato de este endurecimiento de la legislación represiva y de la voluntad del régimen militar de “erradicar” las acciones “subversivas” fue la creciente actividad de los organismos estatales vinculados a la represión y las tareas de inteligencia, y el incremento de las prácticas represivas tanto en el ámbito nacional como a escala provincial. Y para el caso del II Cuerpo, coincidió con la llegada a la comandancia del general Juan Carlos Sánchez, uno de los considerados “duros” dentro del elenco militar.
En junio de 1971 fue dictada la Ley 19.081 de “represión del terrorismo y la subversión”, que autorizaba a requerir la colaboración de las FF.AA. y que colocaba a las fuerzas policiales bajo el control operacional del respectivo cuerpo de Ejército. A poco de aprobarse, se produjo
un visible aumento de la participación del Ejército en las acciones represivas. La intervención en operativos conjuntos (con la Policía o la Gendarmería) donde se declaraba “zona militar” a un determinado radio, la vigilancia y el control sobre las rutas de acceso a la ciudad, la realización de allanamientos y rastrillajes en Rosario y su zona de influencia muestran la creciente injerencia del Ejército en las tareas “antisubversivas”. Ello se advierte también en el control de la información frente a atentados o “hechos subversivos”, en el aumento de los detenidos en dependencias policiales y cárceles que fueron puestos a disposición del Comando del II Cuerpo, y en la militarización de espacios carcelarios.
Los secuestros, el uso de la tortura sobre los prisioneros e incluso la desaparición de personas (como sucedió en nuestra área con Luis Pujals, dirigente del PRT-ERP, en septiembre de 1971 y con Angel “Tacuarita” Brandazza en noviembre de 1972) caracterizaron por esos años el escenario nacional, provincial y local, y fueron reiteradamente denunciados. (…)
El peronismo en el poder (1973
76). Lo que se advierte en los primeros tramos del gobierno peronista es una “retirada a los cuarteles” por parte del Ejército. En un contexto de creciente agitación social –tal como la que marcó los meses posteriores a la asunción de Cámpora– y de un incremento de las acciones armadas visible sobre todo a partir de fines de 1973, el ejercicio de la represión corrió a cargo de las fuerzas policiales. Sin embargo, las lógicas represivas y centradas en la “lucha antisubversiva” que habían denotado en el período previo la acción de las FF.AA., y en particular del Ejército, no desaparecieron. Tales disposiciones, orientadas a enfrentar a la “subversión”, se sistematizaron y precisaron en los reglamentos y directivas militares de 1975-76, en congruencia con el endurecimiento de la legislación represiva dictada entre febrero y octubre de 1975 por el gobierno peronista.
La llegada del general Díaz Bessone al comando del II Cuerpo de Ejército en septiembre de 1975 coincide, y seguramente ello no fue casual, con el endurecimiento de la legislación represiva y el involucramiento activo de las FF.AA. en las tareas “antisubversivas”. Mientras la violencia política y la represión estatal y paraestatal se tornaban cada vez más intensas, los llamados “decre- tos de aniquilamiento” –que extendieron al ámbito nacional lo que se estaba desarrollando en Tucumán desde el Operativo Independencia– proveyeron el marco legal para la intervención activa de las FF.AA. en las acciones represivas.
En ese contexto se estableció un esquema de división del territorio nacional en zonas (I, II, III, IV, V), al comando de los Cuerpos de Ejército existentes y de institutos militares, completado con la demarcación de subzonas y áreas. Estas subdivisiones constituyeron espacios jurisdiccionales donde operarían militarmente, bajo un único mando, las fuerzas represivas. La provincia de Santa Fe, sede del Comando del II Cuerpo de Ejército, fue incluida con el resto de las provincias del Litoral y el Noreste –Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa– en la zona 2, subzona 21. En este diseño, Santa Fe fue dividida en dos áreas: la 212, que correspondía a los departamentos del Norte de la provincia, en tanto los del Sur se incluyeron en el área 211.
Hacia los últimos meses de 1975, y como había sucedido en 1971-72, el Ejército asumió la dirección de la “lucha antisubversiva”. Asimismo, las fuerzas policiales y de seguridad fueron puestas bajo el control operacional del Consejo de Defensa y del Comando del respectivo Cuerpo de Ejército.
El 17 de noviembre de 1975, el Comando del II Cuerpo dio inicio oficial a las operaciones “antisubversivas” en Rosario, la provincia de Santa Fe y el resto de las provincias del Litoral, con la participación de distintas fuerzas represivas y de seguridad y bajo el control del Comando del Ejército. Similares operaciones se estaban llevando adelante en otras provincias y jurisdicciones, con la participación de las tres armas.
Si bien desde los años anteriores y en particular durante todo 1975 se venían realizando procedimientos “antisubversivos” en Rosario y su área de influencia (señaladamente en la zona del cordón industrial hacia el Norte y hacia el Sur, incluyendo Villa Constitución), lo que se advierte hacia octubre y los primeros meses de 1976 son dos cuestiones: en primer lugar, que el comando de la represión fue asumido de manera amplia y pública por el Ejército, cuyos efectivos abandonaron los cuarteles para involucrarse abiertamente en la “lucha antisubversiva”. En segundo lugar, la profundización y la extensión de tal accionar, que se expresó en operativos rastrillo en barrios y zonas fabriles, en el control sobre la universidad y, en general, sobre el ámbito urbano (en las grandes ciudades de la provincia, como Rosario y Santa Fe, en el cordón industrial que bordea el río Paraná, pero también en ciudades más pequeñas del interior provincial), así como en las numerosas detenciones, realizadas por fuerzas conjuntas o por las fuerzas policiales bajo control militar. Los detenidos en estos procedimientos aumentaron el número de presos políticos alojados en las cárceles santafesinas, en la Jefatura de Policía de Rosario (que hacia 1975 se convirtió en lugar de recepción de prisioneros para la zona Sur de la provincia) y, transitoriamente, en algunas comisarías de la ciudad. La represión en los años de la última dictadura (1976-83). A partir del golpe, las FF.AA. ejercieron un poder “colegiado” con representación de las tres armas en las distintas juntas de gobierno, si bien el Ejército tuvo primacía. La primera Junta Militar, conducida por el general Jorge R. Videla, gobernó el país entre 1976 y 1981. Entre 1981 y 1983 se sucedieron otras tres juntas, también encabezadas por generales del Ejército: Roberto Viola, Leopoldo F. Galtieri y Reynaldo Bignone. Dos de ellos, Viola y Galtieri, habían revistado como comandantes del II Cuerpo de Ejército, y otro de sus ex comandantes, Díaz Bessone, tuvo una participación central en el elenco gobernante en los primeros años del régimen. Una significativa coincidencia, pero quizás también muestra elocuente de la importancia que tenía el Comando de Cuerpo con sede en Rosario en la carrera militar de algunos de los principales jerarcas de la dictadura. Por otro lado, luego del golpe de Estado, el Comando del II Cuerpo destinó parte de sus oficiales a cumplir funciones en el espacio institucional y sindical de la ciudad y el Sur de la provincia.
Pero si el rol del Ejército fue clave en la estructuración del nuevo régimen a escala nacional y regional, no menos significativo fue el papel que desempeñó en el diseño y la ejecución de la represión en esos años, en tanto –como lo especificaba la Directiva 1/75 dictada por el Consejo de Defensa– tenía “responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional”.
El accionar represivo se había incrementado en forma notable desde 1975; sin embargo, este no adquirió su perfil definitivo hasta la toma del aparato del Estado por las FF.AA., cuando las acciones selectivas y dispersas de los grupos pa- raestatales y las “fuerzas legales” se centralizaron y coordinaron, convergiendo en un despliegue represivo que tuvo alcance nacional. El volumen de muertos y desaparecidos, los procedimientos y secuestros, y la proliferación de centros clandestinos de detención ejemplifican esto con claridad: nada similar en su magnitud y extensión se había producido en los años previos. Al menos en su escala y en sus resultados, el ejercicio de la represión durante la dictadura militar se diferenció cualitativamente de lo que había acaecido en la primera mitad de la década del 70. Para la ejecución de la represión, las FF.A A. recurrieron a la normativa y los reglamentos militares vigentes, así como a un conjunto de normas, leyes y decretos emanados del Estado nacional que otorgaron el marco jurídico-legal a las tareas de “aniquilamiento de la subversión”. Algunas de esas medidas habían sido dictadas en los años previos –como la Ley 20.840 de “seguridad nacional y actividades subversivas”–, mantenidas o refrendadas por el gobierno militar y ampliadas con otras que las complementaron. Esta represión “normativizada” se articuló con un accionar clandestino y paralegal, ejecutado por los “grupos de tareas” y vinculado con centros clandestinos de detención ubicados por todo el territorio nacional, y caracterizado por prácticas que incluyeron los secuestros, el uso sistemático de la tortura sobre los prisioneros, los enfrentamientos fraguados y los fusilamientos, la desaparición de personas, la apropiación de menores nacidos en cautiverio y un sinfín de delitos comunes.
Al momento del golpe de Estado, el comandante del II Cuerpo era el general Díaz Bessone. En ese cargo permaneció hasta octubre de 1976, cuando fue nombrado titular del Ministerio nacional de Planeamiento, y la unidad pasó a manos del general Galtieri hasta febrero de 1979. Fue en esos años cuando se implementó con mayor amplitud e intensidad la represión en el área del II Cuerpo y, en el contexto de la comandancia de Galtieri, cuando se estructuró a manos del Ejército y en la órbita del Destacamento de Inteligencia Militar 121 uno de los circuitos represivos clandestinos más importantes de la provincia.
Un accionar que se expresó en operativos rastrillo en barrios y zonas fabriles, en el control sobre la universidad y el ámbito urbano A la par del golpe, las FF.AA. ejercieron un poder “colegiado” con representación de las tres armas en las distintas juntas de gobierno