Arquitectura peronista
Reacción tardía del PRO a las denuncias por fondos irregulares de campaña. Estrategia judicial con sello.
Más que a una arquitectura egipcia, las tres denuncias judiciales que ponen en foco los gastos de campaña del PRO bonaerense en las elecciones de 2015 y 2017 reúnen los rasgos de otra, ligada al peronismo de modo indisoluble.
Los historiadores de la jurisprudencia están en deuda con los especialistas del derecho en ese espacio político: es hora de que definan una corriente ligada a un diseño de características inconfundibles.
Ese vacío académico no exime al PRO de su propio déficit. El tema venía circulando cuarenta días antes de ganar el primer plano en las noticias. La falta de reflejos fue evidente. También la de creatividad, puesta al desnudo por el artículo de Juan Amorín en El Destape.
El argumento frente a las supuestas irregularidades es funcional al que parecen perseguir los promotores de las investigaciones. Todos los partidos apelan a recursos inverosímiles para justificar sus grandes gastos de campaña.
Esa paradójica igualdad ante la ley de financiamiento es la que mantuvo hasta hace poco al PRO en estado de inercia, preguntándose por qué su caso es el único que está siendo observado.
Los autores de las presentaciones y los jueces intervinientes podrían darle una pista. Aunque no debería hacer falta. Teresa García replicó en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata la que sigue de oficio Sebastián Casanello por el ar tículo del sitio web dirigido por Roberto Navarro.
García preside el bloque de Unidad Ciudadana en el Senado bonaerense por decisión de Cristina Fernández de Kirchner para corregir los desbordes de La Cámpora en la Legislatura provincial, no siempre originados en un entusiasmo de apariencia juvenil.
Para efectuar la denuncia, García eligió a Ernesto Kreplak, quien fue designado para el cargo en julio de 2015, en medio de una fuerte polémica por su actuación en la causa Ciccone.
La oposición lo acusó de obstruir mediante “un cepo informativo” la remisión de datos de la causa Ciccone para proteger a Amado Boudou.
Kreplak fue funcionario de confianza de Julián Alvarez durante su gestión como viceministro de Justicia y ordenó a la Inspección General de Justicia conducida por Norberto Berner dar por inhallables datos sobre la firma The Old Fund, ligada al ex vicepresidente.
Investigación.
El caso Ciccone es una coincidencia entre Kreplak y Jorge Di Lello, el fiscal federal que realiza una investigación preliminar con el tema de los aportes. Pero con limitaciones. Si bien tiene competencia electoral, carece de atributos para juzgar delitos en ese ámbito. De origen peronista y larga trayectoria judicial, Di Lello investigó a Boudou y fue quien pidió al juez federal Ariel Lijo su excarcelación cuando fue detenido en su departamento de Puerto Madero.
Casanello es conocido por la denominada “ruta del dinero K”, causa de la detención de Lázaro Báez, al que investiga por supuesto lavado de 60 millones de dólares derivados de contratos de obras públicas.
El juez federal rechazó en junio el pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para citar a la ex pre
si- denta e indagarla como presunta partícipe de esa maniobra.
Gustavo Vera es otro de los denunciantes. Autorrotulado amigo del Papa y titular de la Fundación Alameda, en el gobierno bonaerense se especula que sería parte de un dispositivo de agitación del que toma parte un sector del peronismo bonaerense afín al kirchnerismo duro: Jorge Ferraresi, Alberto Descalzo, Walter Festa y Pablo Moyano confluyen allí por distintos motivos.
El gobierno bonaerense atribuye a los intendentes de Avellaneda y de Ituzaingó autoría intelectual en las declaraciones públicas de Osvaldo Marasco y Daniel García.
Candidatos de Cambiemos contra ellos en 2015, desmintieron haber efectuado aportes económicos en esa campaña. Marasco fue secretario de Obras Públicas de Descalzo. García es un ex concejal vinculado a Ferraresi. Los dos quedaron desvinculados de esa coalición cuando, en 2016, María Eugenia Vidal asumió la presidencia del PRO.
Además de esa desmentida, tienen en común con Carlos Arroyo haber sido candidatos gracias a Jorge Macri, jefe de campaña en 2015. El intendente de Mar del Plata mantiene una tensa relación con Vidal. Rechaza aplicar el ajuste que achique el déficit de 50 millones de pesos cubierto cada mes por el gobierno provincial para garantizar el pago de salarios. Lo mismo que ocurre en Moreno, asistido con 9 millones de pesos para sortear el descalabro de la política de empleo público seguida por Festa.
Ituzaingó, Avellaneda y Moreno son distritos en los que el PRO podría imponerse y dejar sin reelección a sus intendentes. Arroyo no la tendrá en Mar del Plata con el aval del PRO. Quizá sea por eso su conversión al peronismo en un almuerzo compartido con Barrionuevo hace un par de meses en el hotel de los gastronómicos en esa ciudad.
Intendentes.
Pero el efecto contagio hacia el PJ bonaerense, reunido esta semana en Hurlingham y con la intención de ir “a fondo” contra Vidal por el tema de los aportes, no tendría por causa una inquietud electoral sino más bien otra. El desenlace de causas judiciales que podrían rozar a tres intendentes del Gran Buenos Aires.
Razón poderosa para que la voz de Pablo Moyano sea más escuchada. El clan de los camioneros enfrenta un variado menú de desafíos en los tribunales. Se trata de un horizonte al que están desacostumbrados, visto con preocupación por los alcaldes. Lo mismo que miembros de Cambiemos. Sumaría una complicación, cuando Vidal precisa de un frente interno cohesionado para defender los recursos de la Provincia en el Presupuesto Nacional.
Es el contexto con el que el kirchnerismo pretende atraer a ese peculiar segmento de indignados con el modelo de gestión de Cambiemos. Una versión de los hechos que privilegia el interés sectorial y donde cualquier contradicción explícita con ellos carece de cualquier importancia.
Sentido en el que parecen inscribirse el documental de Santiago Maldonado y el indulto de Estela de Carlotto a Alberto Rodríguez Saá por avalar la represión ilegal. La misma que imputa al Gobierno por el apoyo logístico que las Fuerzas Armadas prestarán a las de seguridad en las fronteras. Una verdadera arquitectura peronista.
Los autores de las presentaciones y los jueces que intervienen podrían dar una pista