Un caso concreto
El 8 de junio, una adolescente de 19 años denunció ante la línea gratuita 0800-33-fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ser víctima de amenazas. La joven dijo que hace unos meses había conocido a un hombre por redes sociales, de quien solo sabía el nombre de pila y que vivía en San Fernando. Le había enviado mensajes vía WhatsApp y vía Sarahah Messages en los cuales la amenazaba. La Fiscalía N° 16 tomó contacto con ella y concretó una entrevista para el martes 12 del mismo mes. Una vez en la fiscalía, la víctima relató que había recibido muchos mensajes vía WhatsApp, que la insultaba y la agredía mediante amenazas. Como consecuencia de esos mensajes, ella decidió bloquearlo de todas las redes sociales, pero él encontró la manera de seguir intimidándola a través del servicio de mensajes Sarahah Messages, aplicación a la que le mandó mensajes agresivos que forman parte del objeto procesal de la investigación llevada a cabo por la fiscalía. A raíz de esta presentación, la fiscalía dispuso la entrega de un botón de pánico y se pidió la titularidad del abonado. Así se accedió al nombre completo, número de documento y domicilio del agresor. Con esa información se consultó la base de datos Nosis, que arrojó que el domicilio de este se encontraba ubicado en la misma calle pero a una altura diferente de la obtenida primigeniamente. A su vez, se solicitó a Renaper para que brinde datos filiatorios del denunciado y de sus progenitores. Además, la foto del informe del Renaper comparada con las fotos de perfil de las redes sociales que usaba el imputado parecía indicar que era la misma persona. Una vez que se accedió a esos datos, se solicitó al Registro de la Propiedad del Automotor que informe si el imputado o alguno de sus padres registraban autos a su nombre. De ese modo, a partir de la investigación se logró determinar la identidad del imputado. Determinado el domicilio donde vivía el agresor, la fiscalía pidió al titular del Juzgado N° 19 que libre un exhorto a la Judicatura con jurisdicción en el domicilio del imputado para que se procediera al allanamiento del mismo. Finalmente, personal de la DDI de San Isidro procedió al allanamiento de la vivienda, encontró al agresor y secuestró teléfonos celulares y un CPU. Así se logró determinar la identidad del agresor y secuestrar la prueba necesaria para formularle cargos por el delito de amenazas.