Dos organismos del Gobierno buscan sumarse al caso
En lo que significa un claro gesto político y demuestra el impulso que el Gobierno busca darle a la causa de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentaron en el juzgado de Claudio Bonadio en el transcurso de la semana para ofrecer colaboración.
El titular de la UIF, Mariano Federici, estuvo el jueves en los tribunales de Comodoro Py para ponerse a disposición del juez y del fiscal Carlos Stornelli. El objetivo, aseguran desde el organismo, es “detectar y recuperar el dinero robado”. “La UIF cuenta con herramientos de intercambio de información internacional muy valioso a la hora de seguir la ruta del dinero ilícito”, agregan. El primer paso, por ejemplo, fue entregarle a Bonadio un informe que ya le habían aportado a otro juez sobre bienes en Estados Unidos que pertenecían a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de los Kirchner (hoy fallecido) y aparece nombrado varias veces en los cuadernos de Oscar Centeno. En total, los depósitos y propiedades su- marían unos US$ 65 millones.
Laura Alonso, de la OA, se reunió ayer en el juzgado con el mismo objetivo: ponerse a disposición y aportar información sobre los ex funcionarios y empresarios involucrados en el caso. Uno de los detenidos, por ejemplo, ya había sido denunciado por la OA. Se trata de Carlos Mundin, de la firma BTU, quien recibió un pago millonario de Julio De Vido justo ocho días antes de dejar el poder y el organismo tildó de irregular.
Por otra parte, en el Gobierno destacan dos herramientas nuevas que tiene hoy la Justicia para avanzar: la ley del arrepentido en casos de corrupción (antes existía en lavado nomás) y la de responsabilidad penal empresaria.